A principios de este año, la Organización Mundial de la Salud calificó la violencia contra las mujeres como una epidemia. Asimismo, la organización afirmó que una de cada tres mujeres en el planeta sufrirá violencia sexual, emocional o física, la mayoría de las veces por parte de su pareja.

En Puerto Rico varias organizaciones feministas han reclamado el que se declare el asunto como una emergencia nacional. Tan solo en el año 2013, se reportaron las muertes de 13 mujeres a manos de sus parejas. No obstante son miles y miles los incidentes que no son denunciados y por ende desconocidos por las autoridades.

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Ciertamente, requiere de mucha valentía y apoyo para poder realizar una denuncia en contra del agresor. Por esto el apoyo de los familiares de las víctimas es vital para la superación de este problema. Según la doctora Diana Valle, en su libro Espacios de libertad: mujeres, violencia doméstica y resistencia, en Puerto Rico las políticas de las instituciones, específicamente el sistema de justicia, salud y policía son críticas a la hora de apoyar a las mujeres que viven situaciones de violencia. Mucho de los funcionarios de estas agencias en lugar de ayudar a las mujeres, ponen trabas –mediante sus prácticas y actitudes—para que las mujeres puedan salir de sus situaciones de violencia particulares.

En Puerto Rico se llevó a cabo un estudio sobre la respuesta institucional del sistema de justicia criminal, en cuanto al manejo de casos de violencia doméstica en Puerto Rico. Una de las conclusiones de dicho estudio fue que el factor clave para que no se procesen los casos de violencia doméstica de forma adecuada es la mala actitud de los funcionarios y funcionarias del sistema de justicia y policial.

"Las actitudes negativas basadas en prejuicios y visiones machistas y el desconocimiento de la dinámica de la violencia doméstica y cómo deben atenderla constituyen una de las barreras principales en el manejo apropiado de los casos".

Es precisamente en ese aspecto que es importante el rol de las intercesoras legales. Una intercesora legal es una persona debidamente cualificada con adiestramiento o estudios acreditados en el área de consejería, psicología o trabajo social, que está autorizada para acompañar a las víctimas de violencia doméstica durante los procesos judiciales. También les ayudan a cumplimentar los formularios pertinentes a la orden de alejamiento. Su función particular consiste en proveerles el apoyo emocional, la orientación y asistencia que sean necesarios durante el proceso judicial. Las intercesoras legales no asesoran ni representan legalmente a las sobrevivientes de violencia doméstica.

Según la Ley 54 del 15 de agosto de 1989, las mujeres son atendidas por un juez o jueza municipal ante quien se presentará la solicitud. Muchas veces las mujeres deben relatar las razones por las cuales solicitan la orden frente a sus victimarios. La presencia de la intercesora legal es vital para que las mujeres puedan expresarse; les aconsejan sobre los detalles que debe decir al juez que ayudarán a que este pueda otorgar la orden de protección. Además, estas funcionarias les orientan sobre los pasos que deben dar para acusar criminalmente a sus agresores.

Aida Iris Cruz Alicea, activista feminista y miembra y fundadora de varios colectivos, desarrolló el modelo de intercesoría legal en Puerto Rico. Este se deriva del concepto de «Promotora Legal», que fuera desarrollado por colectivos feministas en Guatemala, y en cuyo desarrollo también participara la otrora miembra de Taller Salud. Cruz Alicea desarrolló en Puerto Rico los currículos de las Intercesoras Legales en Violencia Doméstica y Agresión Sexual y los currículos de intercesoría comunitaria. El currículo desarrollado por Cruz Alicea va dirigido a desarrollar o mejorar las destrezas en la orientación y litigación en casos de violencia de género. Estos cursos comenzaron a ofrecerse en 1996 en la Universidad de Cayey, con el auspicio de la Coordinadora Paz para la Mujer, donde se adiestraron más de 100 mujeres profesionales. La ultima serie de cursos preparados por Cruz Alicea se ofrecieron en la División de Educación Continua de la Universidad de Puerto Rico hace cinco años. Hace escasas semanas la Procuradora de las Mujeres anunció que ofrecerá talleres para preparar a mujeres en el área de la intercesoría legal.

Usualmente las intercesoras legales son contratadas por las diversas organizaciones sin fines de lucro, de base feminista que mediante los fondos que reciben de la Oficina de la Procuradora de la Mujer, costean los salarios de estas funcionarias.

Se estima que actualmente existen alrededor de 17 intercesoras en Puerto Rico, ubicadas en las salas de investigaciones de las 13 regiones judiciales. Su trabajo es complementado con diez abogados contratados por el gobierno y organizaciones no gubernamentales.