Por Mayra I. Rosa Pagán, PE, Esq.

La nuevas Reglas de Conducta Profesional para la abogacía y la notaría en Puerto Rico, disponen una serie de normas éticas que expresamente tienen requisitos sobre la preparación y el estudio legal que hay que llevar a cabo como parte de las funciones legales y notariales.

La Regla 1.1 de "Competencia" dispone que, para ejercer la abogacía y la notaría, es necesario tener el conocimiento jurídico y la preparación adecuada para atender el asunto legal y/o notarial que se nos presenta, con la capacidad para analizar y aplicar las leyes, la jurisprudencia, así como la evaluación de la prueba o de los documentos que son parte del caso legal del cliente o del trámite notarial a solicitud del requirente. Ser competente requiere preparación y conocimiento en el rigor profesional de representar a las partes, de proteger el interés público y la validez de los negocios jurídicos.

Específicamente, el comentario #5 expone: "El manejo competente de una controversia en particular incluye la investigación y el análisis sobre los hechos y los aspectos legales del asunto, así como el uso de los métodos y los procedimientos aceptados por personas que ejercen la abogacía de forma competente." Asimismo, el comentario #10 explica que: "Las personas que desempeñen la notaría ejercerán su actividad profesional con competencia y preparación adecuada, particularmente, en las funciones esenciales de consejo, asesoramiento, interpretación y aplicación de la ley."

Por su parte, este nuevo cuerpo normativo implementó la Regla 1.19 de "Competencia y diligencia tecnológica" que dispone que los profesionales en la abogacía y en la notaría dominen las destrezas tecnológicas necesarias y usen esas herramientas de forma responsable, conociendo sus ventajas y riesgos, para ofrecer un servicio competente y efectivo. Cuando hablamos de servicios efectivos no solo podemos relacionarlo con que sea preciso y práctico, sino que el sistema facilite proveer respuestas y soluciones en menor tiempo y con mayor exactitud.

Precisamente en el comentario #7 bajo esta regla, se explica que la regla incluye el uso de diversas herramientas tecnológicas; como por ejemplo: las plataformas de investigación jurídica, las comunicaciones electrónicas, el almacenamiento en la nube, el manejo de evidencia digital, el descubrimiento electrónico y las aplicaciones de inteligencia artificial, pero aclara que esta lista no es exhaustiva, y que deberá adaptarse a los avances tecnológicos que impacten la profesión legal y notarial.

Hoy más que nunca, la competencia profesional va de la mano con la eficiencia en el ejercicio de la abogacía y la notaría.

La investigación jurídica como pilar del cumplimiento ético

Las reglas 1.1 y 1.19 se enlazan con deberes como la diligencia (R. 1.3), el buen asesoramiento (R. 2.1), la presentación de reclamaciones fundadas (R. 3.1) y la conducta profesional apropiada ante los tribunales y en general (R. 3.3 y R.8.4). Todas ellas requieren un estudio cuidadoso de los hechos y del Derecho. De ahí que la investigación jurídica no solo es esencial, sino que el uso adecuado de la tecnología resulta crucial para validar y garantizar que los resultados sean correctos al presentar nuestros argumentos en los escritos legales y nuestras comparecencias.

Ante este nuevo marco normativo, resulta indispensable reflexionar sobre las consecuencias éticas y profesionales de no realizar una investigación jurídica adecuada. Sabemos que una investigación jurídica incompleta o incorrecta puede tener efectos serios bajo las nuevas exigencias éticas, así como resultados nefastos para los clientes y/o requirentes.

El curso "Investigación jurídica como deber ético: Nuevas exigencias para la abogacía y la notaría", está preparado con el análisis y discusión a base de las nuevas Reglas de Conducta Profesional. Este curso no se limita a señalar los riesgos o advertir sobre las repercusiones; va más allá al presentar un método probado, que guía paso a paso cómo investigar con eficiencia, construir argumentos jurídicos más sólidos y mantener una biblioteca jurídica personal con el análisis para cada caso. Es una metodología práctica que se convierte en aliada para cumplir con la ética profesional y, a la vez, fortalecer la calidad de su práctica legal y notarial.

Enero de 2026 marcará el inicio de un nuevo marco ético en la profesión legal en Puerto Rico. No esperes a última hora; empieza ya a implementar los cambios y a fortalecer tu metodología de investigación. Conoce más y prepárate para una práctica jurídica más eficiente y rigurosa a tenor de las nuevas reglas de ética profesional.