Por Daniel Rivera Vargas

La Junta de Supervisión y Administración Financiera urgió a la gobernadora Jenniffer González Colón a no firmar una enmienda aprobada por la Legislatura de Puerto Rico sobre los incentivos bajo la Ley 60 de 2019, o el Código de Incentivos.

Como en otras ocasiones, la carta de tres páginas, dirigida también a los presidentes legislativos y al secretario de la gobernación Francisco Domenech, indica que la Junta de Supervisión "se reserva el derecho de tomar las acciones que entienda necesarias". Esto en numerosas ocasiones ha significado pleitos ante la jueza federal Laura Taylor Swain.

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El Proyecto de la Cámara 359 es sobre incentivos contributivos para desarrollos residenciales en centros urbanos de los municipios. La Junta de Supervisión, haciéndose eco de observaciones de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), objeta que la medida tiene un impacto fiscal incierto porque no tiene tope, pero que es posible que tenga un impacto anual de $31.2 millones, sin proveer como mitigar el dinero que dejaría de recibir el fisco en contribuciones.

"El proyecto 359 viola el requisito del Plan fiscal certificado para el Gobierno de Puerto Rico de 2024 de que cualquier cambio contributivo debe ser neutral para los ingresos o ser fiscalmente responsable, y derrota los propósitos de (la ley federal) PROMESA, que incluye asegurar la responsabilidad fiscal", reza la misiva firmada por el director ejecutivo de la Junta, Robert F. Mujica Jr.

La Junta de Supervisión también advierte en su misiva que la Ley PROMESA ordena que se les debe consultar cualquier reprogramación de fondos y eso no ha ocurrido con el P. de la C. 359. 

Asimismo, la Junta reconoce que el proyecto busca atender las preocupaciones expresadas por la Junta de Supervisión en una misiva del pasado 27 de diciembre sobre la Ley 182 de 2024, una medida de la administración de Pedro Pierluisi Urrutia para ayudar a los cascos urbanos. Sin embargo, las preocupaciones planteadas en ese momento por el organismo creado por la ley federal PROMESA "fueron ignoradas... o no remediadas adecuadamente", según la carta.

Sobre la Ley 182, la Junta de Supervisión indicó en la carta que la información que tienen es que este estatuto no ha sido implementado y que de no ser correcto se les debe informar. El organismo estimó las pérdidas contributivas asociadas a esta ley en hasta $150 millones anuales.