Por Valeria Alicea Guzmán

La inteligencia artificial ya no es el futuro, sino el presente. El uso de esta tecnología representa transformaciones y nuevos retos. Ante esta realidad, el pasado viernes, 26 de septiembre, jueces y expertos en inteligencia artificial coincidieron en que el principal reto será integrar la tecnología sin prescindir del rol humano, ético y profesional que sostiene la práctica judicial.

"En un mundo cada vez más digital y automatizado debemos reflexionar cómo la inteligencia artificial influirá en el derecho y la administración de la justicia. Debemos tener en cuenta que no solo estamos ante un desafío técnico, sino que tenemos una oportunidad unica de redefinir el derecho y la justicia y nuestro rol en esta progresión natural", expresó la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz Rodríguez, como parte de su mensaje de apertura en la conferencia Inteligencia Artificial u Estado de Derecho: Innovación y Cambio Sistémico.

El evento fue fruto de una colaboración entre la Fundación del Tribunal Supremo de Puerto Rico, la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y la Rama Judicial de Puerto Rico.

La Fundación del Tribunal Supremo de Puerto Rico y la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico unieron esfuerzos para convocar, por primera vez, un espacio amplio de discusión sobre el impacto de la inteligencia artificial en el derecho y la justicia. 

El profesor Alfonso Martínez Piovanetti abrió la jornada moderando el panel de apertura, La Inteligencia Artificial y el cambio sistémico para la justicia. Se trató de un evento histórico ya que fue la primera ocasión en que Puerto Rico aborda de manera colectiva el impacto de la inteligencia artificial en el sistema judicial. El licenciado señaló que a lo largo del día se exploraría cómo esta tecnología transformará la forma en que se imparte justicia. Reconoció que la inteligencia artificial generativa ofrece oportunidades extraordinarias, pero también plantea retos inevitables. 

En el panel participaron el director administrativo de los Tribunales, Hon. Sigfrido Steidel Figueroa; la directora administrativa Auxiliar de los Tribunales, Hon. Maritere Colón Domínguez; y el director del IALAB de la Universidad de Buenos Aires, Dr. Juan Gustavo Corvalán.

Gustavo Corvalán advirtió que al llevar la justicia al formato digital, aún vivimos una "doble transición": la que no terminó de completarse entre la justicia impresa y la digital, y la nueva transformación acelerada por la pandemia. Explicó que esta segunda transición ya no se limita a lo electrónico, sino que avanza hacia la inteligencia artificial generativa y constituye un cambio de paradigma. 

"Hay una cuestion de tiempo, que es lo que está provocando una incertidumbre muy grande en los poderes judiciales.  Estos tiempos tienen que ver con que Chat GPT de 30 de noviembre de 2022 era "Jurassic Park" porque esa IA uno le hablaba y decía que su base de conocimiento llegaba a septiembre de 2021, [...] a su vez era reactiva, había que darle muchas instrucciones hasta llegar a resultados más o menos razonables", compartió.

No obstante, según Corvalán, estas herramientas han dejado de ser unos chats para convertirse en plataformas más complejas que imponen mayores niveles de responsabilidad.

Por su parte, Steidel Figueroa cuestionó cuáles son los límites que no podemos traspasar en la incorporación de la inteligencia artificial en la justicia? 

El licenciado reconoció que hay facetas de la actividad judicial que resultan idóneas para la automatización, como el manejo de expedientes, el recibo de documentos o hasta la expedición de emplazamientos. 

Sin embargo, Steidel Figueroa advirtió que el panorama cambia cuando el elemento humano es indispensable y la controversia requiere la capacidad de responder a un asunto que no es claro o a la novedad.

"Los casos complejos de primera impresion sabemos que deben intervenir los humanos. Pero la pregunta es: ¿Por qué? [...] Se necesita cultura, aspectos de sentido común, de razonabilidad. Elementos que pudieran considerarse intrínsecamente humanos", sostuvo. 

Regulación en el uso de la inteligencia artificial

Otro debate que se abordó fue cuánta reglamentación debe aprobarse y cuán estricta debe ser con relación al uso de la inteligencia artificial. Colón Domínguez compartió información relacionada con las guías del National Center for State Courts. Para la jueza es necesario analizar los principios básicos que componen esas guías, que se dividen en tres temas: principios éticos centrales, mejores prácticas de implementación y las áreas de riesgo más comunes. 

Dentro de los principios éticos centrales, se destacan la supervisión y revisión humana. "Aún cuando utilizamos la inteligencia artificial generativa, el resultado que produce tiene que ser revisado por el juez", afirmó. Mencionó que es importante considerar la confidencialidad y privacidad de la información, que puede estar comprometida si la plataforma de inteligencia artificial publica los datos que se proporcionan, y la transparencia. También resaltó la necesidad de garantizar la competencia y capacitación de la comunidad jurídica. 

Sobre las mejores prácticas de implementación, Colón Domínguez compartió los usos de riesgos mínimos como la transcripción de deposiciones, la preparación de resúmenes de vistas o de reuniones. Tras identificar los estándares recomendados, 

Como parte de la jornada, la licenciada dio a conocer que el Poder Judicial desarrolla varios proyectos que integran la inteligencia artificial como un plan piloto en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan donde tienen una herramienta que transcribe las vistas completas. 

Colón Domínguez destacó, además, que el Poder Judicial trabaja en la elaboración de una herramienta de búsqueda inteligente automática que, tan pronto se presenta una demanda, identifica las controversias jurídicas que contiene y la enlaza de inmediato con  casos relacionados del Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo. 

"La realidad es que enseñar, adiestrar estos sistemas no ocurre de la noche a la mañana. No es fácil. Nos ha llevado mucho tiempo en poder hacerlos, pero estamos confiados en que lo lograremos y podremos llevar un producto que facilite los trabajos de los jueces y las juezas", aseguró la abogada.

Sobre la Fundación del Tribunal Supremo de Puerto Rico

La Fundación del Tribunal Supremo de Puerto Rico fue establecida en 2001 por iniciativa del entonces Juez Presidente José Antonio Andreu García, con el propósito de fomentar el entendimiento del desarrollo histórico, los valores y el rol del Tribunal Supremo en la sociedad puertorriqueña.  Constituida como un fideicomiso sin fines de lucro, autónomo e independiente del Tribunal Supremo, la Fundación es dirigida por una Junta de Fiduciarios voluntarios y no permite la participación de funcionarios electos ni de empleados de partidos políticos. La Jueza Presidenta del Tribunal Supremo funge como miembro ex officio de dicha entidad.