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Por la Lcda. Daisy Calcaño López

La Ley 82 de 12 de mayo de 2026 no es una simple enmienda técnica al régimen de permisos. Bajo el ropaje de un ajuste a la doctrina de legitimación activa, esta medida desmantela el principal mecanismo que la ciudadanía y las comunidades de Puerto Rico tienen disponible para impugnar permisos de construcción y usos no autorizados de terrenos: el injunction estatutario del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009. La medida hace tres cosas simultáneamente, y las tres apuntan en una sola dirección, proteger al desarrollador y dificultar la fiscalización ciudadana:

(1) Restringe los requisitos de la legitimación activa para personas naturales y jurídicas privadas, exigiéndoles alegar un "daño inminente" específico, susceptible de reparación, vinculado a la conducta del promovido, requisitos que efectivamente convierten un injunction estatutario, por definición laxo, en un injunction tradicional encubierto, derogando por vía silenciosa la doctrina sentada en Next Step Medical v. Bromedicon y A.R.Pe. v. Rivera.

(2) Preserva intacta la legitimación de la Junta de Planificación, los Municipios Autónomos con Jerarquía I a III y las entidades gubernamentales concernidas, creando un régimen asimétrico de dos velocidades: el Estado puede; el ciudadano, casi no.

(3) Impone, como requisito mandatorio y de carácter especial sobre cualquier otra ley, una fianza de no menos del diez por ciento (10%) del valor del proyecto propuesto para cualquier solicitud de paralización judicial o administrativa lo que constituye, en la práctica, una barrera económica prohibitiva que cierra los tribunales a comunidades, organizaciones sin fines de lucro y vecinos afectados.

El resultado conjunto es una restricción severa al acceso a los tribunales, a la participación ciudadana en la ordenación territorial y al derecho a un ambiente sano, todo ello inconstitucional a la luz de la Sección 7 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico (debido proceso de ley y acceso a los tribunales) y de la Sección 19 del Artículo VI (política pública sobre conservación de recursos naturales).

El Artículo 14.1 vigente de la Ley 161-2009 estableció un mecanismo interdictal estatutario, sumario y autónomo del injunction tradicional. Su propósito original fue, precisamente, relajar los requisitos clásicos de equidad para que cualquier persona con interés propietario o personal "que pudiese verse adversamente afectado" pudiera vindicar el cumplimiento de la legislación de permisos. Así lo reconoció el Tribunal Supremo en A.R.Pe. v. Rivera, 2003 TSPR 75, y lo reafirmó en Next Step Medical v. Bromedicon, 2014 DTS 030, al sostener que los requisitos del injunction tradicional son más rigurosos que los del estatutario.

La enmienda invierte ese diseño. Aunque la Exposición de Motivos pretende presentar el cambio como un mero requisito de "alegación específica", lo que en realidad impone es la triple prueba clásica de la legitimación activa ordinaria daño individual y palpable, nexo causal, susceptibilidad de remedio idéntica a la del injunction tradicional. Se elimina, por vía estatutaria, la flexibilización estatutaria que el propio legislador creó en 2009 y que el Tribunal Supremo validó.

El efecto es perverso de esta Ley 82-2026 es que el ciudadano que denuncia que se está construyendo sin permiso, o con un permiso obtenido mediante información falsa, ya no tendrá un mecanismo sumario. Tendrá que litigar como si pidiera un injunction tradicional, pero además sufragar las consecuencias económicas que la propia ley le impone. La asimetría es deliberada.

La medida conserva intacta la facultad de la Junta de Planificación, los Municipios Autónomos con Jerarquía I a III y las entidades gubernamentales concernidas para presentar los mismos recursos extraordinarios sin necesidad de alegar daño inminente. La justificación que esas entidades actúan en defensa de su propia ley o reglamento olvida que el ciudadano también actúa en defensa de esa misma legislación, que es de orden público.

Esta dicotomía produce una consecuencia regresiva: cuando la agencia es captada política o sencillamente no actúa, escenario nada hipotético en Puerto Rico, especialmente frente a proyectos designados como "estratégicos" por el propio Gobierno, la ciudadanía afectada queda desarmada. El Estado se reserva la llave del único cuarto donde aún se podía litigar la legalidad del permiso.

La enmienda al Artículo 6.007 del Código Municipal introduce una fianza obligatoria de no menos del 10% del valor del proyecto propuesto para toda solicitud de paralización, judicial o administrativa, con carácter de especialidad sobre cualquier otra disposición. Un proyecto de $50 millones requiere fianza mínima de $5 millones. Un proyecto residencial de $2 millones, una fianza de $200,000.

Esto no es un requisito procesal: es una prohibición de hecho. Ninguna comunidad, organización de base, asociación de vecinos o ciudadano particular puede satisfacer esa fianza para detener una construcción en suelo rústico especialmente protegido, un humedal, una zona costanera o un terreno agrícola. La medida convierte un derecho el de acudir al tribunal en un privilegio reservado a quien pueda pagarlo.

El requisito, además, se impone aun cuando el promovente demuestre alta probabilidad de prevalecer y aun cuando la propia obra carezca de permiso. Es decir: aun cuando el desarrollador esté infringiendo la ley, el ciudadano debe depositar el 10% del valor del proyecto ilegal para que el tribunal lo paralice. La ecuación es indefendible.

La enmienda al Artículo 6.007(c)(2) del Código Municipal crea cuatro excepciones que permiten reclasificar suelo rústico especialmente protegido como suelo urbano. Bastará que el proyecto sea designado "estratégico" por el Gobierno o el municipio, o que cumpla con los criterios de "proyecto crítico" bajo la Sección 503 de PROMESA, o que sea declarado estratégico bajo la Ley 19-2017, para que la propia designación sirva de justificación según el texto del proyecto de que la incorporación al desarrollo urbano "responde a necesidades estratégicas".

Esta cláusula es jurídicamente circular: la designación administrativa se erige en justificación sustantiva. Se invierte la carga: en vez de que el proponente demuestre que el desarrollo es compatible con la conservación, basta con que el Gobierno lo declare estratégico. La protección del suelo rústico queda condicionada a la discreción política del momento.

El Artículo II, Sección 7 de la Constitución de Puerto Rico garantiza el debido proceso de ley, que incluye el derecho de acceso efectivo a los tribunales. La fianza mandatoria del 10%, sin gradación, sin consideración de la capacidad económica del promovente y sin distinguir entre proyectos con o sin permiso, constituye una barrera económica que vacía de contenido ese derecho. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido constante en advertir que las restricciones procesales que en la práctica clausuran el acceso al foro judicial son sospechosas constitucionalmente.

Más todavía: la fianza opera antes de la adjudicación. El tribunal no tendrá oportunidad de evaluar la probabilidad de prevalecer del peticionario antes de imponer una carga que, en la mayoría de los casos, será determinante. Es un prejuicio económico institucionalizado.

El régimen asimétrico Estado libre de la carga, ciudadano sometido a ella plantea un serio problema de igual protección. Si el bien jurídico protegido (el cumplimiento de la legislación de permisos) es el mismo, no existe justificación racional para que dos clases de promoventes operen bajo estándares de legitimación tan dispares. La distinción no responde a un fin estatal apremiante ni a una clasificación neutral; responde, abiertamente, a privilegiar al Estado regulador frente al ciudadano regulado.

La Sección 19 del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico declara política pública la más eficaz conservación de los recursos naturales. El injunction estatutario del Art. 14.1 ha sido, durante quince años, una de las pocas herramientas operativas mediante las cuales esa política pública se hace efectiva en el día a día. Eliminar el carácter sumario y abierto del recurso, e imponer una fianza confiscatoria, contradice directamente el mandato constitucional. La medida no solo no protege los recursos naturales: los expone.

La medida pretende, por vía legislativa, revertir las interpretaciones del Tribunal Supremo en A.R.Pe. v. Rivera, Next Step Medical y Centro Unido de Detallistas v. Com. de Serv. Pub., 174 DPR 174 (2008). Si bien la Asamblea Legislativa tiene facultad para restringir la legitimación estatutaria, no puede hacerlo de un modo que vacíe el contenido sustantivo del derecho protegido o cree distinciones arbitrarias. La Exposición de Motivos ataca, por nombre, la decisión Santiago De Alba v. Hernández Rivera, KLAN202300716, un caso del Tribunal de Apelaciones como justificación para la enmienda. Legislar contra una decisión judicial específica que aplicó correctamente el estatuto vigente revela el verdadero propósito: cerrar la puerta que los tribunales habían dejado abierta a la ciudadanía.

La incorporación de los "proyectos críticos" de la Sección 503 de PROMESA como justificación automática para reclasificar suelo rústico especialmente protegido es particularmente peligrosa. PROMESA fue concebido como un mecanismo financiero excepcional y temporal, no como un instrumento permanente de planificación territorial. Convertir esa designación en llave maestra de la zonificación es una rendición del poder de planificación local frente a una junta no electa.

La aplicación de esta ley producirá, en el corto plazo, los siguientes efectos identificables:
Primero, una reducción drástica del número de injunction estatutarios presentados por personas privadas. El cálculo costo-beneficio para el ciudadano se torna prohibitivo aun antes de evaluar los méritos del caso.

Segundo, una transferencia de hecho del poder de fiscalización a las agencias gubernamentales —que en la práctica raramente impugnan permisos otorgados por ellas mismas o por la OGPe. El resultado es una zona de inmunidad efectiva para el desarrollador.

Tercero, una proliferación de construcciones consumadas durante el litigio. El tiempo juega a favor de la obra: paralizarla cuesta el 10% del valor; permitir que avance no cuesta nada al desarrollador y todo al ambiente y a la comunidad.

Cuarto, la consolidación de un modelo de desarrollo en suelo rústico especialmente protegido por la vía de la designación de proyectos "estratégicos", sin estudios técnicos previos rigurosos.

Quinto, una previsible avalancha de litigios constitucionales que, paradójicamente, congestionarán los tribunales más que el régimen actual.

Ante una medida de esta naturaleza, la respuesta tiene que ser necesariamente multifacética. Debe identificarse un caso vehículo idóneo preferiblemente uno en el que la exigencia de una fianza equivalente al 10% tenga el efecto práctico de impedir que una comunidad afectada pueda acceder al tribunal para impugnar tanto facialmente como en su aplicación las Secciones 1 y 2 de la ley.

La controversia constitucional debe centrarse, entre otros fundamentos, en la violación al derecho de acceso a los tribunales consagrado en el Art. II, Sec. 7 de la Constitución de Puerto Rico; la garantía de igual protección de las leyes bajo esa misma disposición; la política pública ambiental establecida en el Art. VI, Sec. 19; así como el derecho a la propiedad y al disfrute de un entorno adecuado reconocido en el Art. II, Sec. 1.

La Sección 3 incorpora una cláusula ordinaria de separabilidad. No obstante, en cualquier impugnación judicial convendría sostener que tanto la exigencia de la fianza como la restricción de la legitimación activa forman parte de un esquema legislativo integrado e interdependiente, por lo que la invalidez de una de esas disposiciones debe afectar necesariamente la subsistencia de la otra. Sin la imposición de la fianza, la limitación de la legitimación pierde gran parte de su efecto disuasivo; y, a su vez, sin esa limitación a la legitimación, la fianza carece de una justificación funcional coherente dentro del diseño de la medida.

Resulta indispensable articular una coalición amplia integrada por colegios profesionales, organizaciones ambientales, comunidades afectadas, sectores académicos y entidades de interés público, tanto para asumir una postura pública firme como para respaldar estratégicamente el litigio que inevitablemente surgiría. La defensa del injunction estatutario constituye, en esencia, una defensa del estado de derecho en materia de permisos y fiscalización gubernamental.

Asimismo, debe documentarse y divulgarse los casos paradigmáticos que, bajo la nueva legislación propuesta, probablemente nunca habrían prosperado: construcciones ilegales detenidas gracias a la acción de vecinos; permisos revocados tras descubrirse información falsa o incompleta; y proyectos paralizados en humedales, reservas naturales o zonas costeras debido a la legitimación amplia reconocida actualmente en el Artículo 14.1. Preservar la memoria de esos casos y de los derechos que protegieron es la forma más efectiva de evidenciar lo que se perdería con esta reforma.

Si lo que pretende la Ley Núm. 82 es atender legítimamente el problema de las demandas frívolas o especulativas, existen mecanismos menos onerosos y más compatibles con el acceso a la justicia. El ordenamiento ya permite imponer sanciones por temeridad, conceder costas escalonadas según el resultado del pleito o incluso establecer una evaluación judicial preliminar sobre la plausibilidad de la reclamación. Ninguna de esas alternativas requiere imponer una fianza de carácter confiscatorio ni desmantelar el remedio del injunction estatutario que tienen los constituyentes.

La Ley Núm. 82 de 2026 no resuelve un problema: lo crea. Bajo el lenguaje técnico de la legitimación activa y la procesabilidad, lo que se aprueba es una redistribución profunda del poder en materia de ordenación territorial, en perjuicio de la ciudadanía y a favor del desarrollador y del Estado regulador. La combinación de tres elementos: endurecimiento asimétrico de la legitimación activa, fianza confiscatoria, y apertura del suelo rústico especialmente protegido vía designaciones estratégicas configura una arquitectura coherente: cerrar las puertas del tribunal a quien hasta ayer podía detener una obra ilegal.

El título coloquial con que se le ha nombrado a esta medida —"Una ley para acallar al pueblo"— no es retórico. Describe, con precisión, su función. Acallar significa, aquí, encarecer hasta lo imposible la voz del ciudadano frente al permiso. Y un Estado de derecho que tolera ese silencio deja de ser, en esa medida, un Estado de derecho.

Corresponde, por tanto, su impugnación enérgica en los tribunales, su denuncia en el foro público, y su revisión o derogación legislativa en la primera oportunidad. La defensa del Art. 14.1 vigente de la Ley 161-2009 es, en estos momentos, una de las defensas más concretas que existen del derecho de la ciudadanía puertorriqueña a participar en las decisiones que afectan su entorno, su salud y su patrimonio.

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