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Por la Lcda. Melissa Pellicier Ortiz

La reciente aprobación de la Ley Núm. 157-2026 representa una de las reformas más importantes al régimen de propiedad horizontal desde la aprobación de la Ley Núm. 129-2020. Su cambio más significativo consiste en trasladar al Tribunal de Primera Instancia la jurisdicción para atender las controversias que surjan entre los titulares, al amparo de la Ley de Condominios, y crear salas especializadas para adjudicar estos casos.

La reforma responde a una realidad conocida por quienes trabajamos con condominios. La propia Exposición de Motivos reconoce el alto volumen de querellas que enfrentaba el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) y la necesidad de contar con un sistema más preparado para atender este tipo de controversias. No obstante, el verdadero alcance de esta legislación va mucho más allá del traslado de jurisdicción.

Acudir al Tribunal de Primera Instancia implica un escenario distinto. Los procedimientos judiciales conllevan mayores formalidades, reglas procesales diferentes y, en muchos casos, costos adicionales, incluso para presentar la reclamación. Al mismo tiempo, la ley encomienda al Poder Judicial la creación de salas especializadas y la adopción de la reglamentación necesaria para atender este tipo de controversias, un proceso que naturalmente requerirá tiempo, esfuerzo y recursos para su implementación.

La aprobación de la ley no significa que el cambio ocurrirá de un día para otro. La creación de las salas especializadas, la adopción de los procedimientos y la transición de los casos requerirán tiempo. Mientras ese proceso se desarrolla, tanto la Judicatura como los titulares, las administraciones y los profesionales que trabajamos en esta área tendremos que adaptarnos a una nueva forma de atender las controversias en los condominios.

Precisamente porque acudir al tribunal probablemente implica mayores costos y formalidades, esta reforma puede convertirse en el mayor incentivo que han tenido los condominios en años para fortalecer sus procesos internos y resolver sus diferencias antes de llegar al litigio.

La experiencia práctica demuestra que muchos conflictos no nacen de grandes controversias jurídicas, sino de procesos administrativos deficientes, falta de transparencia, decisiones poco documentadas o una comunicación inadecuada. Ninguna reforma legislativa elimina esos problemas por sí sola.

Este momento debe servir para que cada comunidad evalúe sus propias necesidades y desarrolle estrategias acordes con su realidad. No todos los condominios enfrentan los mismos retos ni requieren las mismas soluciones. Lo importante es comprender que una buena gobernanza comienza mucho antes de la presentación de una querella o una demanda.

La reforma no se limita al cambio de foro. También introduce modificaciones dirigidas a fortalecer la gobernanza de los condominios, profesionalizar la administración mediante requisitos de capacitación para los agentes administradores, reforzar los procesos de transición entre juntas de directores, actualizar disposiciones sobre planes de emergencia y establecer normas para la transferencia de los casos pendientes ante DACo, entre otras disposiciones que incidirán en la administración cotidiana de los condominios.

Aun así, el verdadero éxito de la reforma no dependerá únicamente del contenido de la ley. Dependerá de la capacidad del Poder Judicial para implementar el nuevo modelo y de la disposición de las comunidades para asumir una cultura administrativa más empática, preventiva, transparente y profesional.

Los conflictos seguirán existiendo porque son parte inevitable de la convivencia. La diferencia estriba en que este nuevo escenario nos invita a atenderlos con mayor diligencia y responsabilidad, antes de que lleguen a una sala judicial.

Precisamente por encontrarnos en un momento de transición como este, resulta indispensable crear espacios para analizar el alcance de estas enmiendas y discutir los retos que plantean. Con ese propósito, la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico celebrará, el próximo 22 de agosto de 2026, la Jornada de Condominios 2026: «Un retrato del derecho y la convivencia en los condominios a seis años de la Ley Núm. 129-2020». Se trata de un encuentro dirigido a profesionales del derecho, titulares, miembros de juntas de directores y demás profesionales vinculados al régimen de propiedad horizontal. Entre los temas que se discutirán se encuentran, precisamente, las recientes enmiendas legislativas, la administración de condominios, la resolución de controversias y los retos que estas presentan a diario.

La Ley Núm. 157-2026 representa una nueva etapa para los condominios en Puerto Rico. Su verdadero impacto no dependerá únicamente de las decisiones que emitan los tribunales, sino también de la capacidad de cada comunidad para fortalecer su administración, prevenir conflictos y construir espacios de convivencia más efectivos. Ese, quizás, sea el mayor reto que nos trae esta reforma.

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