Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del(a) autor(a) y no reflejan las opiniones y creencias de Microjuris o sus afiliados.

Por la Lcda. Jessica L. Peréz-Salazar

En la conversación pública sobre inmigración en Estados Unidos, persiste una narrativa profundamente arraigada: "Los inmigrantes ilegales son criminales porque cruzan la frontera sin permiso". Esta afirmación, repetida hasta el cansancio en discursos políticos y medios de comunicación, se convierte en un estigma que afecta a millones de personas. Sin embargo, cuando analizamos las leyes, los datos y las prácticas reales, descubrimos una paradoja en la manera en que se define y se percibe el concepto de "criminal".

¿Es un crimen inmigrar sin papeles?

La respuesta corta es no. El acto de migrar, pedir asilo o buscar una vida mejor no es un delito en sí mismo. Lo que la ley penaliza es el acto de cruzar la frontera sin inspección o autorización, y esto depende de las circunstancias de cada persona.

La legislación federal, específicamente el 8 U.S.C. § 1325, establece que cruzar por primera vez la frontera sin pasar por un puerto de entrada autorizado puede considerarse un delito menor (misdemeanor). La pena máxima para esta falta es de seis meses de cárcel y/o una multa.

La situación cambia si una persona reincide y cruza la frontera después de haber sido deportada previamente. En ese caso, la ley contempla el delito de reingreso ilegal bajo el 8 U.S.C. § 1326, que puede tratarse como un delito grave (felonía), con penas que van desde dos hasta veinte años de prisión si existen antecedentes penales serios.

La realidad en la práctica

Aunque las leyes contemplan estas sanciones, la práctica cotidiana en las cortes migratorias es distinta. La mayoría de las personas que cruzan por primera vez no son procesadas penalmente, sino que son devueltas mediante un procedimiento administrativo llamado deportación expedita o ingresan a procesos de asilo si manifiestan un miedo creíble a regresar a su país de origen.

Es fundamental entender la diferencia entre un proceso penal y un proceso migratorio. Si el gobierno federal decide presentar cargos, el cruce fronterizo se convierte en un asunto penal. Sin embargo, el proceso de deportación no es un castigo por un crimen, sino una medida administrativa relacionada con el control migratorio. En esencia, la deportación es un trámite del Estado, no un juicio por conducta criminal.

Bajo la administración actual, como en las anteriores, el gobierno prioriza los procesos penales solo en casos de reincidencia, antecedentes penales o actividades relacionadas con el tráfico o contrabando de personas. La mayoría de las personas migrantes que cruzan por primera vez son procesadas por la vía administrativa, sin cargos criminales.

La paradoja: ¿Quién es realmente un "criminal"?

Si aceptamos la idea de que alguien es "criminal" por haber cometido una acción técnicamente prohibida por la ley federal, entonces millones de estadounidenses que consumen marihuana también lo serían. Sin embargo, la sociedad y el sistema legal tratan estos casos de manera muy distinta.

La Ley de Sustancias Controladas (21 U.S.C. § 812) clasifica la marihuana como una droga de Categoría I (Schedule I), en la misma lista que la heroína y el LSD. A nivel federal, sigue siendo ilegal poseer, consumir, cultivar o distribuir cannabis, y las penas pueden incluir cárcel y multas.

A pesar de esto, en la práctica, millones de personas en Estados Unidos consumen marihuana de forma regular sin enfrentar consecuencias penales. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), aproximadamente 52.5 millones de estadounidenses (casi el 19?% de la población) consumieron marihuana al menos una vez en 2021. Para 2022, las cifras aumentaron: algunas estimaciones indican que 61.9 millones la consumieron al menos una vez en el año y 35 millones tienen un consumo mensual habitual.

En contraste, la población de inmigrantes indocumentados se estima en 11.99 millones, según datos de la Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional (DHS) en 2022. Es decir, hay muchas más personas violando la ley federal al consumir marihuana que inmigrantes indocumentados en el país.

¿Por qué el trato es tan distinto?

La respuesta es social, política y cultural. Aunque la ley federal prohíbe la marihuana, más de 30 estados han legalizado su uso con fines médicos o recreativos, y el gobierno federal rara vez persigue el consumo personal, salvo en propiedades federales como bases militares o aeropuertos.

El consumo de cannabis se ha normalizado en la cultura estadounidense, mientras que la inmigración irregular sigue siendo presentada como una "invasión" o un problema de seguridad nacional. Esta diferencia en la percepción genera un sesgo evidente: la sociedad está dispuesta a entender que fumar marihuana no convierte a nadie en un delincuente, pero no aplica la misma lógica a los inmigrantes sin papeles.

¿Entrar a Estados Unidos es como entrar al patio de mi casa?

Uno de los argumentos más repetidos contra la inmigración es: "Si yo no dejo que nadie entre a mi patio sin autorización, ¿por qué deberíamos dejar que los inmigrantes crucen la frontera»?

Esta comparación es engañosa y jurídicamente incorrecta.

El «trespassing», o allanamiento, es un delito relacionado con la propiedad privada. Significa entrar sin permiso al espacio personal de otra persona: su casa, su patio o su terreno. Está regulado por leyes estatales, como el Código Penal de Texas § 30.05, y protege directamente los derechos de los propietarios individuales.

En cambio, cruzar la frontera sin autorización es un tema de política migratoria y soberanía nacional. No es un delito contra un ciudadano, sino una cuestión de regulación del Estado federal. La ley migratoria aplicable es el 8 U.S.C. § 1325, y no tiene relación con la protección de propiedades privadas.

La mayor parte de la frontera entre Estados Unidos y México es terreno público o federal, como desiertos, ríos o áreas bajo control de agencias gubernamentales. Aunque algunos cruces pasan por propiedades privadas, el acto de cruzar la frontera sin documentos no es legalmente equivalente a invadir un patio o una casa.

El derecho a buscar asilo

El derecho internacional, a través de la Convención de Ginebra de 1951, protege a las personas que buscan asilo, incluso si ingresan sin documentos. La Corte Suprema de EE.UU. ha reconocido que existen diferencias claras entre un migrante que cruza por necesidad humanitaria y alguien que invade una propiedad privada con fines de daño o apropiación.

Comparar a un migrante desesperado con un ladrón que entra al patio de una casa deshumaniza el fenómeno migratorio y simplifica un tema complejo. Migrar es un acto humano histórico, impulsado muchas veces por la necesidad de escapar de la violencia, la persecución o la pobreza extrema.

Conclusión: ¿quién decide quién es un criminal?

La criminalización selectiva de los inmigrantes refleja más los prejuicios sociales y las narrativas políticas que una aplicación coherente de la ley. Si consideramos "crimen" cualquier violación técnica de la ley federal, tanto la migración irregular como el consumo de marihuana entran en esa categoría. Pero la manera en que se tratan ambos casos es radicalmente distinta.

Mientras el consumo de cannabis se ha normalizado y aceptado en buena parte del país, la inmigración irregular —aunque menos numerosa en comparación— sigue siendo objeto de estigmatización, vigilancia y discursos de odio.

La verdadera pregunta no es quién comete un acto técnicamente ilegal, sino a quién decidimos tratar como criminal y por qué.

Las columnas deben enviarse a mad@corp.microjuris.com y deben ser de 600-800 palabras.