La Policía de Nueva Jersey también tendrá Monitor Federal

20 de julio de 2014

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Al parecer Nueva Jersey, al igual que Puerto Rico, recibirá el nombramiento de un monitor federal que fiscalice el cumplimiento de las reformas a las que será sometido el departamento de policía luego de muchos años de ser objeto de alegaciones de abuso, corrupción e investigaciones por abuso de poder.

"Entiendo que tendremos un monitor pero no estamos opuestos a nada que sugiera el gobierno federal», señaló el alcalde Ras Baraka el pasado miércoles.

La intervención federal en las prácticas policiacas se ha vuelto cada vez más frecuente bajo la administración del presidente Barack Obama. Un informe publicado el año pasado por el Foro Ejecutivo de la Policía señaló que desde el año 2000, 19 departamentos de policía han estado bajo fiscalización. Además de Puerto Rico y Nueva Jersey también se ha incluido al estado de Washington, Luisiana y las Islas Vírgenes.

En el 2001, el Departamento de Policía de Los Ángeles fue puesto bajo un monitor federal luego de que oficiales federales ordenaran una reforma para tratar los problemas de uso excesivo de la fuerza, discrimen racial y evidencia de perjurio y de vigilancia ilegal. El escrutinio se levantó en mayo de 2013.

El Departamento de Justicia comenzó su investigación en Newark luego de que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) suscribió una petición de 96 páginas, en la que se reveló la conducta de la policía y como esta había causado muertes, ciudadanos permanentemente lesionados y la destrucción de las carreras de muchos empleados víctimas de discrimen, represalias y condiciones de trabajo abusivas.

Un informe que se publicará como parte de esa investigación se centrará en las deficiencias dentro de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía de Newark, la corrupción oficial y el uso excesivo de la fuerza en casos de "stop and frisk", según las mismas fuentes múltiples que no estaban autorizados a hablar sobre el investigación.

El "stop and frisk" es la controvertida estrategia proactiva en la que los policías paran y registran residentes que a menudo son afroamericanos o latinos mientras exista una «sospecha razonable» de que un crimen está a punto de cometerse.