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Por Daniel Rivera Vargas
Para el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR), Julio Fontanet Maldonado, el alto número de litigios electores es resultado de fallos en el desarrollo del nuevo Código Electoral.
Sin embargo, para el senador Carmelo Ríos Santiago, los pleitos electorales son el resultado de la pandemia por COVID-19 y el reto de manejar una alta cantidad de solicitudes de voto adelantado para prevenir los contagios.
El senador Ríos Santiago, también portavoz de la mayoría en el Senado, puntualizó a Microjuris.com que no es correcto culpar al Código Electoral por la cantidad de pleitos electorales.
«El Código Electoral no hace nada nuevo bajo el sol, que no sea ampliar el derecho del electorado», señaló el senador del Partido Nuevo Progresista (PNP).
«Siempre ha habido pleitos postelectorales, lo que pasa es que ahora se les ha dado más prominencia», señaló el senador.
«Estamos en medio de una pandemia, y ahora hay una cantidad no registrada antes de voto adelantado. Usualmente es de 30,000 en toda la isla y ahora son 200,000. Lo que antes se veía como un voto folclórico, ahora está decidiendo elecciones, no para la gobernación pero sí otras posiciones como alcaldías», aseguró.
Para Ríos Santiago, por ejemplo, se protegió el voto ausente, cuando se alegaba que el código atentaría contra él, se aumentó el voto adelantado, que resultó ser clave por la pandemia.
El portavoz de la mayoría senatorial destacó que se aceptaron 75 enmiendas del expresidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, y no se dieron los escenarios que algunos presagiaban de que votarían muchos puertorriqueños que no residen en Puerto RIco o de que se prestaba para que votaran muchísimas personas que no se supone que votaran.
«Eso tampoco se dio», puntualizó.
El decano Fontanet Maldonado, que también fue comisionado electoral, sostuvo a Microjuris.com que los pleitos que han surgido tras las elecciones generales podrían sugerir problemas en el Código Electoral que se aprobó este año.
Aunque han sido muchos los casos, no se ha establecido jurisprudencia, mencionó Fontanet Maldonado.
Sin embargo, destacó que la cantidad de pleitos judiciales electorales deben llevar a «pensar en que esa legislación electoral vigente debe ser modificada».
«Urge que haya un consenso de que la nueva ley electoral ha presentado muchos problemas, en particular en lo pertinente al voto adelantado y a la poca participación de los otros partidos en la toma de decisiones. Se ha desvirtuado un poco ese balance que existía, que de alguna manera propiciaba una mayor participación y una mayor transparencia», señaló Fontanet Maldonado.
«Creo que es imperativo revisitar esa legislación que se aprobó a escasas semanas antes del proceso electoral y atender todos los problemas que tanto la primaria, como la elección general, hicieron evidente», sostuvo el catedrático y expresidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.
El Código Electoral de 2020 fue convertido en ley durante el verano ante alegaciones de falta de consenso.
Fontanet Maldonado no pudo precisar si la cantidad de pleitos en estas elecciones es mayor que en pasados procesos electorales, incluso comparado con las elecciones de 2004 y 2012, donde el margen de victoria fue de unos 3,000 y 12,000 votos, respectivamente.
La impresión del profesor es que «la desesperanza y la desconfianza se parece a la de 1980», esto en alusión a las históricas elecciones conocidas como Valencia, en las que el resultado electoral fue escaso, hubo alegaciones de fraude y el país tuvo su primer gobierno compartido.
Fontanet Maldonado, que fue comisionado electoral por el Movimiento Unión Soberanista (MUS), señaló que lo más destacable de los retos que ha presentado la elección es que no cuadran algunas actas y la cantidad de papeletas.
«Es muy serio… Uno aspira a un proceso electoral donde haya un cuadre total, como pasaba en las elecciones previas», indicó.
«En la elección de 2004, la de Aníbal Acevedo Vilá, fíjate que no hubo cuestionamientos al proceso. Hubo cuestionamientos sobre un tipo de votos, los pivazos, pero había transparencia en el proceso de conteo de actas y las papeletas», recordó Fontanet Maldonado.
«Todas las controversias (judiciales en estas elecciones) surgen en virtud de una ley electoral aprobada a destiempo y apresuradamente, donde se vulneran aquellas estructuras que le daban confiabilidad al proceso, esa es la base del problema», agregó.
Al momento, el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) ha intervenido en varias ocasiones.
Una de esas ocasiones, fue cuando intervino en un pleito que presentó el comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Olvin Valentín, para ordenar el comienzo del escrutinio general, y otro que fue presentado por el senado Miguel Romero para que se comenzara la transición en San Juan con la administración saliente de la alcaldesa Carmen Yulín Cruz.
Mientras, en los tribunales de primera instancia hubo pleitos —y algunos permanecen bajo revisión— por la transición en las alcaldías de Humacao, Añasco, y Aguadilla, así como en la Cámara de Representantes.
En Guánica, se están impugnando votos mixtos porque cambios establecidos en la ley no fueron adaptados a las máquinas de escrutinio electrónico para recoger la nueva versión de la ley.
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