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Por Loreana González-Lazzarini, CPA*

En la primera parte quedó un costo federal sin sostener. Un subrecipiente contrató a su cónyuge, sin divulgar la relación y sin competencia, y no había con qué demostrar que la contratación satisfizo los requisitos federales.

La conclusión fácil es que ese es un problema del subrecipiente. No lo es. O no solo.

Quién responde de verdad

La agencia federal no tiene relación jurídica directa con el subrecipiente. Su contraparte es el recipiente, la entidad que recibió los fondos y otorgó el subaward. Al hacerlo, se convirtió en pass-through entity.

Y esa condición no es un membrete administrativo. Activa obligaciones propias bajo 2 CFR 200.332. Son obligaciones del recipiente y se evalúan mirando su conducta.

El reglamento es específico. Evaluar el riesgo de fraude y de incumplimiento de cada subrecipiente (§ 200.332(c)). Imponer condiciones específicas cuando el riesgo lo amerite (§ 200.332(d)).

Lo demás dura todo el subaward. Monitorear el uso de los fondos, exigir acción correctiva y emitir una decisión gerencial sobre los hallazgos (§ 200.332(e)). Y considerar tomar acción contra el subrecipiente que incumple, conforme a § 200.339 (§ 200.332(i)).

Ese último inciso merece una segunda lectura. La Uniform Guidance no se limita a autorizar que el pass-through actúe. Le exige considerar tomar acción. Y esa consideración se documenta, o no ocurrió. Eso es memoria institucional: una decisión que queda explicada por escrito mientras se toma.

La asimetría

Aquí está el punto que quiero que se quede.

La responsabilidad sube. Aunque el hallazgo nazca abajo, en el Single Audit del subrecipiente o en una monitoría, ante la agencia federal quien responde por ese subaward es el recipiente. No existe una defensa basada únicamente en que la falta fue del subrecipiente. No puede decir que el subrecipiente se equivocó y sentarse a esperar. La pregunta que le van a hacer no es qué hizo el subrecipiente. Es qué hizo él como pass-through: cómo evaluó el riesgo, qué condiciones impuso, cómo monitoreó.

El costo vuelve a bajar. Cuando la agencia deniega el gasto, la entidad que otorgó el subaward aplica los remedios de § 200.339 y le reclama el dinero a quien lo gastó. Y la sección 200.410 no deja margen sobre el reembolso: los pagos por costos determinados no permitidos deben devolverse al Gobierno federal, con intereses, conforme a las instrucciones de la agencia que hizo la determinación.

Lo que importa es la dirección del flujo. Quien le debe al Gobierno federal es el recipiente. No hay línea directa entre el subrecipiente y la agencia, ni la hubo nunca.

La carta de cobro que nadie puede pagar

En papel, el sistema cierra. La responsabilidad sube, el costo baja y cada quien termina donde le toca.

En la práctica, imagine un municipio que actúa como pass-through de una organización sin fines de lucro. Cuatro años después, una auditoría concluye que parte del gasto no era permitido. El municipio le reclama el dinero al subrecipiente. Pero la organización ya terminó el programa, cerró esa operación y no tiene con qué devolverlo.

La recuperación es teórica. El dinero no aparece. El municipio devuelve los fondos al Gobierno federal y luego intenta cobrarlos. Para entonces, el daño económico ya ocurrió.

El adiestramiento es el remedio

El reglamento anticipó esto y lo escribió. En § 200.332(f), al listar las herramientas de monitoreo que el pass-through puede usar según el riesgo que evaluó, la primera de la lista es proveerle al subrecipiente adiestramiento y asistencia técnica en asuntos del programa. Antes que las visitas de campo. Antes que los procedimientos acordados.

El recipiente no adiestra al subrecipiente por generosidad. Lo adiestra porque el hallazgo que el subrecipiente genere lo va a pagar él. Desde una perspectiva de manejo de riesgo, un pass-through que no desarrolla capacidad en sus subrecipientes se está autoasegurando contra un riesgo que va a terminar en su propio balance. No lo adiestra para ayudarlo. Lo adiestra para protegerse.

Queda una última pregunta. Todo esto supone que el hallazgo aparece a tiempo. ¿Y si aparece cuando el programa ya cerró y todos creen que el asunto terminó?

De eso trata la tercera parte.

Las columnas deben enviarse a mad@corp.microjuris.com y deben ser de 600-800 palabras. 

* Loreana González Lazzarini es CPA y fundadora de Citizens of Mastery LLC. Tiene dos décadas de experiencia en fondos federales, recuperación de desastres y capacidad institucional.