Por el licenciado Alexiomar D. Rodríguez-López

Los abogados y las abogadas no estamos exentos de la crisis económica que nuestra Isla sufre desde 2006. Según la revista The Economist, a 2018, Puerto Rico es la segunda economía con peor desempeño en el mundo (-8.0%), solo detrás de Venezuela (-11.9).

La literatura económica nos enseña que la crisis es inherentemente estructural y que necesitamos alternativas disruptivas para salir del atolladero, ya que las estrategias orientadas hacia afuera no son sostenibles (i.e., atraer empresas foráneas).

Según argumenté el pasado 26 de enero de 2021 en el foro de la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico, «Retos de la profesión legal: realidad laboral de la profesión legal», entiendo que la solución al problema está en nuestras manos.

Creo firmemente que tú y yo —las y los profesionales del derecho— necesitamos cambiar la mentalidad, comenzar a vernos como agentes de cambio y no como quienes desean preservar el statu quo. Llegó la hora de cambiar el paradigma: necesitamos un movimiento colectivo que fomente el desarrollo económico sostenible a través del quehacer empresarial local.

¿Cuál es el perfil de la profesión legal en Puerto Rico?

Primero que todo, el sector legal necesita bajarse del pedestal histórico al cual tanto se aferra. Nuestra realidad es que somos dueños y dueñas de microempresas con límites geográficos, en un mercado saturado, en una industria altamente regulada que ––estructuralmente–– suprime el ejercicio a la libertad de expresión, obliga la mano de obra sin paga y responde a un cuerpo regulador homogéneo.

Por más museos que preservemos para recordar las grandes épocas donde las y los abogados éramos parte central de la economía financiarista, la verdad es que la banca, el sector de bienes raíces y la manufactura de las 936 no son lo que una vez fueron. Por supuesto que hay bufetes que aún se benefician de lo que sobró, pero son la excepción.

Según el estudio sobre la industria de servicios legales que prepara anualmente Microjuris.com junto a la firma Estudios Técnicos, de los 10,902 profesionales del derecho ejerciendo la profesión, la mayoría (82.5%) ejerce su profesión en firmas legales que cualifican como microempresas con alrededor de 1 a 4 empleados. Este número sigue aumentando.

Al igual que otros trabajadores y trabajadoras, el 59.3% de mis compañeros y compañeras experimentó una reducción en su salario o en la cantidad de horas de trabajo durante la pandemia de 2020.

Entre los muchos retos que trajo la pandemia, el 30.6% de los y las profesionales del derecho encuestadas indicó que su mayor reto fue la disminución de su clientela.

A pesar de la realidad económica que llevamos arrastrando desde 2006, todavía nos graduamos pensando como empleados ––de hecho, hasta hacemos LLM para aumentar nuestras probabilidades de éxito ante posibles patronos–– y no desarrollamos destrezas empresariales, a pesar de que al 2013, el 44% tiende a ser cuentapropista.

Lo anterior sin contar el hecho de que, en promedio, cerca de un 40% de nosotros salimos con $40,000 o más en préstamos estudiantiles; la situación entre las escuelas de derecho y la reválida es un mundo aparte; y los casi 9 meses que nos toma para juramentar y por fin practicar la profesión.

Tener un Código de Ética Profesional anquilosado y un cuerpo regulador que dedicó el sesenta y nueve por ciento (69%) de su tiempo a sancionar en vez de crear derecho no ayuda.

Aprovecho para subrayar las consecuencias que tiene la regulación de la profesión. Distinto a otras profesiones, el costo para un abogado o abogada moverse geográficamente es altísimo. No solo tenemos que aprobar la reválida de otra jurisdicción, sino que perdemos un capital específico a nuestra localidad: confianza.

El 35.7% de los profesionales del derecho considera que su mayor reto durante la pandemia fue migrar al trabajo remoto. Y es el resultado natural de una profesión cuya mediana de edad es 50 años.

En palabras de la directora de análisis y política social de Estudios Técnicos, la Lcda. Anitza María Cox Marrero: «la mirada longitudinal [de este estudio] nos permite observar los cambios en las modalidades de trabajo de los profesionales del derecho tras el COVID-19 y cómo eso incide en la redefinición de la práctica legal y de los servicios legales».

En palabras de la Lcda. Ataveyra Medina Hernández, CEO de Microjuris.com: «Nuestro sistema legal no solo está compuesto por instituciones. Entender el estado de situación de los operadores y operadoras del derecho es clave para proveer condiciones que propendan al acceso a la justicia. Este estudio longitudinal puede guiar la formulación de políticas públicas que apoyen a una profesión e industria legal que se ha adaptado a los retos externos de los últimos años, particularmente tras la pandemia por COVID-19».

¿Cuál es mi propuesta?

Mi propuesta es sencilla: reconozcamos nuestra realidad, reflexionemos y fomentemos esta conversación. Lo que no se mide, no cambia.

Primero, propongo implementar en los currículos de las escuelas de derecho cursos que enseñen destrezas empresariales actualizadas al siglo 21. Desde manejo básico de finanzas, uso de tecnología para automatizar procesos y abaratar costos, y hasta estrategias de marketing digital.

Segundo, procuremos actualizar el Código de Ética Profesional para que las y los profesionales del derecho no tengan miedo de implementar estrategias de marketing digital a sus despachos.

Tercero, utilicemos los incentivos y oportunidades disponibles para exportar nuestros servicios hacia los Estados Unidos, e inyectar ese capital a nuestra economía local.

Abogada y abogado, vivimos en el futuro. El futuro es digital, descentralizado y transversal.