La Fundación Fondo de Acceso a la Justicia (FFAJ) anunció la designación de la Dra. Adi Martínez Román, como su nueva directora ejecutiva.

La abogada y profesora de Derecho obtuvo su grado en Juris Doctor graduándose Magna Cum Laude de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en 2003. Luego, obtuvo su bachillerato en Política Pública y Asuntos Internacionales en la Universidad de Princeton, completó su grado de maestría en Derechos Humanos en la UPR en 2007 y su doctorado en la Universidad Carlos III de Madrid, España, en 2014.

Martínez Román es decana auxiliar de asuntos estudiantiles de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y coordina el Programa Pro Bono de dicha institución. A través del programa, estudiantes brindan servicios legales gratuitos a personas y comunidades de escasos recursos.  Los estudiantes voluntarios comprometen 40 horas de servicio al año académico, esto sin remuneración ni crédito académico alguno. Muchos estudiantes terminan el año escolar con el deseo de continuar sirviendo a la comunidad de esta manera. A continuación un desglose de las diversas secciones Pro Bono de la Escuela y una breve descripción.

"Considero que la designación de la licenciada Martínez Román como directora ejecutiva de la Fundación de Acceso a la Justicia ha sido una decisión muy acertada y valiosa pues ella ha sido Decana de Asuntos Estudiantiles de la Escuela de Derecho de la UPR-RP, profesora y coordinadora del programa de Maestría de la Escuela, conoce los problemas y programas de la pobreza al haber sido la Presidenta de la Junta de Directores de Servicios Legales de Puerto Rico y mentora del programa Pro Bono", afirmó el presidente de la Junta de Directores de la FFAJ, licenciado Enrique Colón Santana.

El Fondo de Acceso a la Justicia fue establecido mediante la Ley 165 del 26 de diciembre de 2013. Esta es una corporación sin fines de lucro, organizada bajo las leyes de Puerto Rico, cuyo propósito es asegurar la disponibilidad y efectividad de los servicios que ofrecen las organizaciones que proveen representación legal a los pobres en asuntos de naturaleza civil, elemento esencial del acceso a la justicia, proveyendo recursos económicos para ello.

Para lograr sus propósitos, la fundación se nutre principalmente de los intereses que generan las cuentas de bufetes y abogados en la práctica privada y de transacciones recibidas en dos pleitos que llevó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra barios bancos.

La junta de directores está compuesta por cinco ciudadanos designados por el gobernador, los decanos de las tres escuelas de derecho acreditadas en Puerto Rico, el Colegio de Abogados y la secretaria de Justicia.

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