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La senadora por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón, radicó el Proyecto del Senado 900, con el fin de crear la Ley para Declarar un Estado de Emergencia por Violencia Infantil.

El proyecto de ley señala que ante la alta incidencia de violencia infantil registrada en Puerto Rico se propone declarar un estado de emergencia estatal que tendrá una vigencia de tres años, estableciendo las responsabilidades de las agencias gubernamentales concernientes.

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El proyecto destaca que según datos del Departamento de Salud y Recursos Humanos de los Estados Unidos, para el año 2019, en Puerto Rico se recibieron un total de 17,474 (30.5%) referidos de maltrato o negligencia a menores de los cuales 8,365 (47.9%) fueron fundamentados. Mientras, la subadministradora de la Administración de Familias y Niños (ADFAN), Glenda Gerena, indicó que para el 20 de octubre del 2020 tenían unos 8,454 referidos por maltrato de menores y que en el año 2021, para la misma fecha, tenían 12,110 casos, lo que representa un aumento de 3,656.

Señala además que durante los últimos 5 años, cientos de denuncias de abuso sexual contra niñas –validadas como ciertas por organizaciones con profesionales contratadas por el propio gobierno para manejarlas– no han resultado en acusaciones contra nadie, También se indica que de todos los menores evaluados por el Programa Biopsicosocial del Recinto de Ciencias Médicas desde el año fiscal 2016-17 hasta mayo de 2021, se identificó que 270 tienen una determinación de alguna tipología de maltrato, de los cuales 141 son situaciones de abuso sexual.

Afirma además que a todas estas fallas, se suman las deficiencias presupuestarias por las que atraviesan muchas de estas agencias y programas, y resalta que en recientes vistas públicas de la Cámara de Representantes, la Secretaria del Departamento de la Familia reconoció la existencia de una crisis en cuanto al manejo y proliferación de casos de maltrato contra menores.

A esos efectos, el proyecto dispone que para garantizar un mejor funcionamiento administrativo y organizacional del Departamento de la Familia, y ante la crisis reconocida por el propio Departamento con relación a la atención y manejo de los casos de maltrato a menores reportados, el Departamento deberá:

• Aumentar la plantilla del personal nombrando a los y las trabajadoras sociales necesarias para atender tanto las querellas como los casos activos
• Atender con primacía aquellas querellas y referidos donde se identifiquen actos de tortura contra las y los menores de edad
• Ofrecer adiestramientos para maximizar el uso de equipos tecnológicos en informes y redacción de casos
• Realizar campañas de orientación y educación que promuevan la erradicación de la violencia infantil a través de los medios de comunicación, incluyendo la radio, televisión, prensa escrita e internet
• Atender con primacía los casos de menores desaparecidos o evadidos bajo la custodia del Departamento
• Establecer un equipo de trabajo a través de ADFAN y las Unidades de Investigaciones Especiales para iniciar, de manera inmediata, la identificación, evaluación y adjudicación de los más de 10,000 referidos de maltrato sin atender desde el año 2016
• Y con el fin de promover y lograr el reclutamiento del personal necesario, la Secretaria del Departamento de la Familia, en coordinación con la Directora de la Administración de Familias y Niños (ADFAN), revisará y establecerá unas escalas salariales y retributivas especiales que garanticen salarios competitivos y justos a sus empleados, en especial para los y las trabajadoras sociales

La medida fue evaluada por Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez del Senado. Se presentó informe positivo con enmiendas el 27 de marzo de 2023. Queda pendiente el trámite de votación final ante el pleno del Senado para que la propuesta pueda ser considerada por la Cámara de Representantes.