Nota de la editora: ¿quieres estar al día con lo que sucede en la legislatura? Te invitamos a registrarte en nuestro boletín.

En la primera sesión ordinaria de la 20ma Asamblea Legislativa, el representante José Aponte Hernández presentó dos proyectos de ley dirigidos a fortalecer la protección de los menores de edad en el entorno digital. Ambas medidas —el Proyecto de la Cámara 424 y el Proyecto de la Cámara 425— proponen acciones desde el gobierno para educar, orientar y prevenir riesgos cibernéticos que afectan de forma particular a niños y adolescentes. Esta legislación fueron referidos a la Comisión de Educación y a la Comisión de Asuntos del Consumidor, respectivamente.

El Proyecto de la Cámara 424 propone enmendar diversas leyes vigentes para disponer como deber formal del Departamento de Educación el desarrollar e implementar campañas educativas anuales en las escuelas públicas sobre el uso seguro del Internet, los medios electrónicos y los delitos cibernéticos. Estas campañas deben llevarse a cabo en colaboración con el Departamento de Justicia, el Negociado de la Policía de Puerto Rico y la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS).

La medida impone al Secretario de Educación la responsabilidad de desarrollar estas campañas educativas. De manera paralela, se integran disposiciones equivalentes a las leyes que regulan las funciones del Departamento de Justicia, la Policía de Puerto Rico y el PRITS, estableciendo un marco de colaboración interagencial. La medida reconoce que, si bien la tecnología representa una herramienta clave en la educación moderna, también puede exponer a los menores a riesgos reales como el acoso cibernético, la pornografía infantil y otros delitos electrónicos. La legislación propone, por tanto, una respuesta proactiva desde el sistema educativo.

Por otro lado, el Proyecto de la Cámara 425, titulado «Ley para el Fomento del Uso de Controles Parentales Digitales en Puerto Rico», establece una política pública para fomentar el uso de controles parentales en dispositivos electrónicos vendidos en la Isla.

Esta medida impone obligaciones específicas a los vendedores de dispositivos digitales —tales como teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras y consolas de videojuegos— para que entreguen o pongan a disposición del comprador información clara y accesible sobre cómo activar y utilizar funciones de control parental. Esto incluye instrucciones paso a paso para bloquear contenido inapropiado, limitar el tiempo de uso y monitorear la actividad en línea.

El proyecto establece que dicha información deberá ser provista mediante al menos uno de los siguientes métodos: códigos QR impresos en los recibos de compra, enlaces enviados por correo electrónico o mensaje de texto, o bien entregada en papel cuando no se disponga de los métodos digitales.

Además, la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) será responsable de desarrollar y mantener actualizadas estas guías, que estarán disponibles en su sitio web de forma clara y accesible. A su vez, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) estará encargado de fiscalizar el cumplimiento de esta ley y de emitir la reglamentación necesaria, mientras que la Junta Reglamentadora del Servicio Público de Puerto Rico deberá garantizar que los proveedores de servicios digitales colaboren en este esfuerzo preventivo.

Las medidas buscan  establecer un marco legal para la concienciación, prevención y acompañamiento digital, que responda a la realidad de una generación que crece conectada desde edades tempranas.