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La Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó la Resolución Concurrente de la Cámara 4, de la autoría del representante José F. Aponte Hernández, que solicita al Congreso de los Estados Unidos de América que legisle para que el gobierno federal asuma jurisdicción inmediata en los casos de asesinato de un agente del orden público estatal o municipal en el cumplimiento del deber, de un oficial correccional en funciones o un miembro de la Guardia Nacional activado en funciones estatales.
«En cualquier sociedad los agentes del orden público son un grupo de servidores cuyo desempeño es más sacrificado que el de otros, porque no se trata solamente del trabajo que realizan, sino el riesgo que el mismo representa para ellos. Estos son los encargados de mantener el orden y velar por la seguridad de los ciudadanos, arriesgando sus vidas por proteger la nuestra. El sacrificio que realizan no solo les afecta a ellos, sino también a sus familias», explica la medida.
El documento también establece que la tramitación de estos casos a nivel federal permitirá «mayor agilidad y recursos en la investigación y procesamiento de los mismos».
La medida fue referida a la Comisión de Asuntos Internos del Senado y apareció en Primera Lectura el pasado 11 de febrero de 2017. Se espera que sea aprobada en las próximas semanas.