El Senado aprobó durante esta semana la Resolución 304 para investigar exhaustivamente el funcionamiento de los servicios prestados por los orientadores y trabajadores sociales del Departamento de Educación, así como el cumplimiento de los protocolos administrativos y reglamentos de dicha agencia durante el manejo de incidentes y faltas cometidas por menores de edad en el ámbito escolar. La medida, que tiene el propósito de evitar que los menores sean sometidos a procesos judiciales innecesariamente, ahora pasará a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria.

"Queremos saber si el personal a cargo de atender las disputas, incidentes y faltas cometidas por menores en las escuelas públicas está cumpliendo con los protocolos y reglamentos, o si hace falta brindarles nuevas herramientas mediante legislación. No podemos seguir congestionando los Tribunales con casos que pueden solucionarse por otros métodos, que no generan trauma, confusión y desesperación en nuestros niños y jóvenes", indicó el senador Miguel Laureano Correa.

Recientemente se dio a conocer en varios medios de la Isla que muchas de las disputas entre menores que ocurren en las escuelas públicas terminan ventilándose en los tribunales, en lugar de resolverse en el ámbito escolar a través de los distintos remedios administrativos. Según trascendió, el 53% de los casos llevados a los foros judiciales son por faltas Tipo I, similares a las que se considerarían delitos menos graves en la población adulta.

Durante los últimos meses, los medios han cubierto la historia de Alma Yariela Cruz Cruz, una niña de 11 años que enfrenta un proceso judicial luego de que en diciembre pasado alegadamente empujara e insultara a dos compañeras. Mientras que la niña alega que las dos compañeras la hostigaban desde el primer grado con epítetos racistas, las dos niñas alegan que esta las intentó tirar por unas escaleras. Alma fue arrestada y enfrenta cinco cargos en el Tribunal de Menores, por agresión simple, dos por amenaza y dos por alteración a la paz.

Varias organizaciones y ciudadanos particulares han protestado ante la situación, ya que entienden que la situación entre las estudiantes debió manejarse en el ámbito escolar, no con arrestos, policías, fiscales y jueces.