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Por Jaime L. Sanabria Montañez
Quien litiga casos laborales bajo la Ley 2 lo ha vivido. Uno notifica la deposición del querellante y al final le añade una lista de documentos que debe traer ese día, o envía el interrogatorio con un anejo pidiendo las nóminas y los correos. La mayoría de las veces nadie dice algo. Pero cuando la otra parte decide objetar, alegando que eso son dos mecanismos y que la ley solo permite uno, el caso sumario se queda detenido discutiendo algo que debió ser un trámite de rutina.
El pasado 11 de noviembre se presentó en el Senado, por petición, el P. del S. 1633, que busca resolver de una vez esa discusión. La medida enmienda la sección 3 de la Ley 2 para que cada parte pueda acompañar su interrogatorio o su deposición con un requerimiento de producción de documentos, sin tener que pedirle permiso al tribunal. Para cualquier mecanismo adicional, incluyendo un segundo requerimiento de documentos, habría que obtener autorización judicial y demostrar circunstancias excepcionales.
El problema nace del texto vigente. La sección 3 dispone que ninguna parte podrá someter más de un interrogatorio o deposición, ni usar uno después del otro, salvo circunstancias excepcionales, pero no dice una palabra sobre la producción de documentos. Hay quien lee ese silencio como permiso. En un procedimiento sumario, sin embargo, también es fácil leerlo como prohibición, y así lo ha hecho en varias ocasiones el Tribunal de Apelaciones.
En Rodríguez v. Compañía Cervecera de Puerto Rico, KLCE202100093, resuelto el 26 de febrero de 2021, el panel no tenía ante sí ese asunto y aun así se tomó el trabajo de señalar que ambas partes se habían excedido. El querellante, por cursar un interrogatorio junto con admisiones y documentos, y la Cervecera, por acompañar su deposición con un requerimiento de documentos. Antes, otro panel en ese mismo caso le había reprochado al foro primario haber permitido "toda una gama" de mecanismos.
La exposición de motivos del proyecto también se apoya en Izquierdo v. Oriental Bank, KLCE201501068, donde el Apelativo revocó en 2016 una orden que obligaba al banco a contestar un interrogatorio y un requerimiento de documentos. Lo que la exposición de motivos no menciona es lo que pasó después. El Tribunal Supremo revocó esa decisión en CC-2016-0385 y reinstaló la orden del Tribunal de Primera Instancia. De acuerdo con lo que luego relató el propio Apelativo, el Supremo lo hizo porque no procedía revisar una resolución interlocutoria en un caso de Ley 2, y no porque resolviera la controversia de fondo. En otras palabras, al banco le tocó contestar todo, y la pregunta se quedó sin contestar. Pocas cosas demuestran mejor por qué hace falta que la Asamblea Legislativa intervenga.
Alguien podría pensar que esto es un asunto de empleados, porque suelen ser ellos quienes piden documentos. Yo no lo veo así. El patrono también necesita documentos del querellante para defenderse, sea la evidencia de que consiguió otro empleo, los mensajes que intercambió con su supervisor o los récords con los que pretende probar sus daños. Hoy, pedirlos junto con la deposición conlleva el riesgo de una objeción que puede costarle al patrono todo su descubrimiento.
El proyecto, además, le pone límites a algo que hoy no los tiene claros. Habría un solo requerimiento de documentos y no una cadena de ellos, y para el segundo haría falta autorización del tribunal. Se mantiene la regla de que el patrono no puede usar el descubrimiento para obtener información que la ley le obliga a conservar, y queda intacta la facultad del tribunal para emitir órdenes protectoras. Desde el lado patronal, prefiero una regla clara, aunque no me favorezca en todo, a una ambigüedad que a veces gana una moción y siempre le cuesta al cliente.
Ahora bien, el proyecto necesita ajustes antes de aprobarse. Me preocupa, en primer lugar, la palabra "conjuntamente". Tal como está redactado, no se sabe si el requerimiento tiene que notificarse al mismo tiempo que el interrogatorio o la deposición, o si puede enviarse después, mientras siga abierto el descubrimiento. Si la Legislatura no lo aclara, lo aclarará un panel del Apelativo, y luego vendrá otro a decir lo contrario. Bastaría con decir "en adición a".
Tampoco dice nada el proyecto sobre el requerimiento de admisiones ni sobre la citación de documentos a terceros. En Cervecera, el Apelativo trató las admisiones como un mecanismo más. Si lo que se busca es certeza, lo sensato es atender todos los mecanismos ahora y no dejar la próxima controversia esperando turno.
Por último, la exposición de motivos debería corregir la referencia a Izquierdo e incluir su historial posterior. Una intención legislativa que se apoya en una sentencia revocada le hace fácil el trabajo al abogado de la otra parte.
Esa lista de documentos al pie de la notificación de deposición lleva años viajando sin pasaporte. A veces la dejan pasar y a veces la paran en el Apelativo. El P. del S. 1633 le saca los papeles. Lo que falta es que se los den completos.
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