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Por Daniel Rivera Vargas

En Puerto Rico existen más municiones y personas armadas legalmente que hace cuatro años, algo que está asociado a una ley firmada bajo la gobernación de Wanda Vázquez y que está en proceso de sufrir diversas enmiendas.

El teniente Johnny Acevedo, director de la Oficina de Registros de Armas en el Negociado de la Policía, explicó a Microjuris que las alzas en municiones vendidas y licencias expedidas se puede asociar a que se han agilizado y abaratado los trámites para sacar una licencia de armas con la Ley Núm. 168-2019, y por lo tanto hay más gente con armas de fuego.

«Anteriormente, era más restrictivo. Había que ir al tribunal a llevar tres testigos. Era más oneroso… Ahora simplemente con un sello de $240 se puede conseguir la licencia», explicó Acevedo.

El teniente aclaró que, además del sello, para solicitar la licencia de armas hay que juramentar una petición y entregar una serie de documentos. El Negociado de la Policía es el que se encarga de todo el proceso de las licencias y ya no se incluye a los tribunales, lo que contribuye no solo a abaratar costos sino a agilizarlos, explicó Acevedo.

«Es mucho más fácil para el ciudadano», manifestó el oficial policiaco.

En 2019, habían unas 90,000 personas con licencia de armas en Puerto Rico.

En lo que va de 2023, esa cifra ronda las 181,296 solicitudes, de las que se han aprobado el 99.16%, o 179,767. Acevedo explicó que las no aprobadas responden principalmente a que se encuentran en proceso de trámite para obtener el aval del Negociado de la Policía, que es el ente encargado de expedir esas licencias.

Un renglón en el cual se ha visto esa alza es en la cantidad de mujeres que tienen licencias de armas de fuego. Para el 2019 eran unas 10,000 y en 2023, al momento de la entrevista en septiembre, eran unas 34,338.

Según los datos provistos por el teniente, a finales de septiembre pasado, con tres meses completos para terminar este año, se habían vendido 18,123,914 armas.

Es decir, medio millón de municiones más que en todo el 2020, cuando entraba en vigor la nueva ley, y se vendieron $17,640, 291. Acevedo proyecta que cuando acabe el 2023 se habrán vendido 26 millones de municiones en Puerto Rico en este año.

Entre las enmiendas que se proponen a la actual Ley de Armas se encuentra poner restricciones a la cantidad de municiones que puede comprar una persona. Acevedo sostuvo que la posición del Negociado es a favor de la enmienda propuesta.

Acevedo no quiso especular cuántas armas ilegales hay en Puerto Rico, pero el registro tiene información de que hay casi medio millón de armas inscritas: de las 449,399 armas inscritas, 339,119 son pistolas, hay 47, 914 revólveres, 33,608 rifles, y 25,040 escopetas, entre otras.

El teniente comentó que tiene conocimiento de personas que tienen entre 80 a 90 armas de fuego. Señaló que se trata de personas «con gran poder adquisitivo». «Esas armas tienen que estar bajo llave», comentó.

«Muchas personas desconocen, esto no es un juego, especialmente hay que tener cuidado cuando se tienen niños, con las personas que desconocen el uso del arma de fuego», agregó Acevedo.

Por su parte, Ariel Torres, de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencias de Armas, comentó que él colaboró en la redacción de la nueva Ley de Armas de 2020, y «te tengo que decir que ha sido exitosa».

Torres explicó que la ley ha permitido que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la tenencia de armas según se contempla en la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, sin que haya provocado «escenarios apocalípticos».

Recordó que en aquel entonces se presentaron escenarios como el cierre de armerías y polígonos. Sin embargo, actualmente, existen peticiones para abrir nuevas armerías y polígonos- y también ha allegado $30 millones en fondos del registro de Armas para un funcionamiento óptimo.

Igualmente, indicó que los que se han opuesto a las enmiendas, como la que permitirá poner armerías cerca de escuelas, en realidad se trata de corregir algo que desde el principio se identificó como un error de redacción. La intención de ese lenguaje, explicó Torres, era prohibir los polígonos, esto por los incidentes de municiones que caían en una escuela de Ponce, pero nunca se suponía que se colocara en ese segmento del texto de la ley la palabra armería.

Recordó que ese proyecto, que actualmente aguarda por la firma del gobernador Pedro Pierluisi, fue avalado por varios secretarios de gobierno, incluyendo el secretario de Educación.

«Esas enmiendas lo que hacen es darle más fuerza a la Policía para hacer cumplir la ley», indicó Torres. «Es cuestión de ley y conocer las regulaciones federales y estatales sobre armerías. Si son educadores que lean», explicó Torres.

Asimismo, Torres cuestionó que se trata de legislar controles a las municiones que compran los ciudadanos. Asegurando que las ponencias ofrecidas por el gobierno a estos proyectos de restricciones de municiones no estuvieron bien fundamentadas, Torres narró que hay un grave problema de municiones y armas que son robadas a las autoridades pero ahí no se toman cartas en el asunto.

«Oye, pero nadie está preocupado por las municiones que le robaron a la Policía las que se robaron a la Guardia Nacional en campamento Santiago. Dejen al ciudadano decente tranquilo, ¿por qué se tienen que ensañar con ese ciudadano? Si a mí se me pierden dos balas, me enjuician, pero si a la Policía se le pierden 5,000, ¿quién los fiscaliza?», mencionó Torres.

Por su parte, el profesor adjunto retirado de justicia criminal y criminología, Gary Gutiérrez, dijo al empezar una entrevista sobre el tema que «las cosas necesitan contexto».

«En Puerto Rico, como colonia de Estados Unidos, hay un derecho constitucional a tener armas», sostuvo Gutiérrez. "El problema es más complejo que buscar un chivo expiatorio para que el estado justifique su ineptitud en controlar la criminalidad».

El profesor expresó que de estos temas le preocupan tres aspectos:

1. Intento de controlar los derechos civiles. La tenencia de armas es un derecho en Puerto Rico
2. El tema de la tenencia individual de armas es otra manifestación de los ciudadanos que deciden buscar soluciones individuales ante el fracaso del estado en atender problemas como la violencia
3. La discusión de las armas es el producto del exitoso cabildeo de los armeros del país en tiempos recientes.

«Lo que cuestiono es que, al igual que con las drogas, la prohibición a las armas no ha mostrado ser un detente a la violencia criminal porque la violencia criminal tiene unas raíces más profundas que eso», afirmó Gutiérrez.

Aseveró que las regulaciones de armas no deben predicarse sobre la idea de que estas leyes fomentan la paz social porque eso no esta probado.

Gutiérrez aseguró que no hay estadísticas que categóricamente indiquen que el control o la liberación de armas tenga que ver con la criminalidad y destacó que «hay quien pregona que cuando más gente está armada, hay menos violencia porque se sabe que es muy probable que haya otras personas armadas que puede herirte con un arma de fuego».

Agregó que los números de violencia criminal en Puerto Rico se han mantenido constantes por medio siglo, con periodos en los que hay picos -como los más de 1,000 asesinatos del 2011- y eso ha sido con leyes de armas restrictivas.

Gutiérrez  aseveró que la Ley de Armas de 2020, aunque más flexible que la anterior, sigue siendo más restrictiva que en otras jurisdicciones de Estados Unidos.

«Hay estados donde puedes comprar un arma en Walmart con solo mostrar la licencia», comentó.

Aseguró que la violencia en el archipiélago es similar a otras jurisdicciones comparables en Estados Unidos. De hecho, las estadísticas no indican cambios en la estadística criminal con la nueva Ley de Armas.

Cifras oficiales

Información suministrada por la Oficina de Prensa de la Policía indica que para 2019 la cifra de asesinatos fue de 617, en 2020 cuando entró en vigor el nuevo estatuto -aunque coincidió con las restricciones de la pandemia- fueron unos 546, hubo un alza en 2021 a 633, luego un descenso a 584 en 2022 y en lo que va de 2023 ya se han reportado 349 homicidios.

Sobre varias de las enmiendas propuestas a leyes, Gutiérrez comunicó que, en el caso de las restricciones a la venta de municiones, aunque él entiende que «es absurdo» que una sola persona compre 5,000 municiones, no hay estadísticas que indiquen eso incide con la violencia en la sociedad.

Respecto a la prohibición a la presencia de armerías cerca de escuelas, verbalizó que son lugares donde van personas disciplinadas, y no cree que haya riesgos directos con menores.

Aunque reconoció que, en la medida en que las armerías tienen anuncios de armas en sus alrededores, llevarían un mensaje a esos menores de edad de «normalización de la violencia». 

Asimismo, sobre el alza de personas que buscan licencia, Gutiérrez declaró que esto podría explicarse a través de lo que se conoce como la carnavalización de la violencia.

Explicó que este tipo de teoría indica que, «similar a cuando el carnaval permitía o autorizaba a las personas a entrar en excesos para ilusoriamente las personas sin poder les permiten en ese periodo tener algo de poder». Con la carnavalización de la violencia, se entiende que los ciudadanos comunes se sientan «incluidos en la sociedad cuando se le permite ejercer violencia porque estamos en una sociedad violenta».