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En la lucha constante por la erradicación de la violencia de género, uno de los pilares fundamentales es la independencia económica de las mujeres, aseguró la presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), Liza García Vélez.
Sus expresiones surgen tras la reciente creación de una ley para incluir la violencia económica como maltrato bajo la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, Ley Núm. 54 del 15 de agosto de 1989, según enmendada.
«Me parece que es el camino correcto porque comenzamos a visibilizar la importancia de la independencia económica de la mujer como una forma para erradicar la violencia en contra de la mujer. Este proyecto finalmente convertido en ley, da un primer paso en Puerto Rico para que, no solamente el estado, sino que las organizaciones que ofrecen servicios a las mujeres, patronos, empresas privadas y el tercer sector comencemos a reconocer la importancia de erradicar la violencia de género y a reconocer la violencia económica», sostuvo.
García Vélez aseguró que la independencia económica de la mujer es un paso esencial en la dirección correcta hacia la erradicación de la violencia de género.
«A través de nuestra red mujeres empresarias y profesionales, más allá de atender el tema del empresarismo, empoderamiento, clima comercial, tenemos que comenzar también a darle una mirada a aquellas mujeres que todavía están inmersas en temas de violencia domestica y económica. Lo más importante es comenzar a atender el tema de educación».
Para la también abogada, la ley permite que las organizaciones, incluyendo a la que representa, se puedan alinear para elaborar un plan conjunto para comenzar un proceso de educación hacia las mujeres para que conozcan sus derechos y las señales de la violencia económica.
«El proyecto permite tener una conversación. Una de las barreras más impactantes que hemos identificado en la Cámara de Comercio de Puerto Rico, que puede tener el sector femenino cuando emprende, es el acceso a capital. Es importante que conozcan las alternativas que tienen para poder levantar un negocio».
Puntualizó, además, que esta independencia no solo implica tener recursos financieros propios, sino también el acceso a oportunidades laborales, educación y empoderamiento necesario para romper con los esquemas tradicionales que perpetúan la desigualdad y la violencia.
«Es importante también que como empleadas ellas se sientan cómodas para negociar sus condiciones de trabajo».
La nueva ley tipificar, de manera inmediata, la violencia económica como una modalidad de violencia doméstica y ordena que sea incluida en órdenes de protección.
Al darle paso a este Proyecto senatorial, se define a la violencia económica como aquella conducta ejercida con el fin de menoscabar la capacidad financiera presente o futura, la estabilidad económica o la seguridad habitacional y de vivienda a través de amenazas, coerción, fraude, restricción o privación de acceso o uso de cuentas, activos, información financiera, tarjetas de identificación o crédito, dinero o asistencias gubernamentales.
También se incluye ocultar información relacionada al pago de renta o hipotecas, o de desalojos forzosos, ejercicio de influencia indebida en las decisiones o comportamiento o las decisiones financieras y económicas de una persona, así como interferencia en la relación o desempeño laboral de una persona o en su negocio propio.
Incluye también el usar indebidamente los recursos económicos de la persona para beneficio propio, y el impedir el acceso a cursos formales de estudios para perjudicar el desempeño académico de la víctima.
Para fomentar la independencia económica de las mujeres es necesario trabajar en conjunto para: