Cada cierto tiempo, particularmente durante emergencias atmosféricas, las leyes de cabotaje son cuestionadas por algunos sectores del país, por catalogarlas como leyes obsoletas responsables de empobrecer a Puerto Rico.

Incluso, recientemente, después del paso del huracán Fiona la administración Biden autorizó una exención temporal a Puerto Rico a la aplicación de las leyes de cabotaje. La decisión buscaba atender las necesidades inmediatas de la isla ante el impacto del huracán Fiona.

Microjuris conversó con el profesor Kenneth McClintock sobre las leyes de cabotaje en medio de la crisis asociada a la respuesta de diversas instituciones tras el paso del huracán Fiona.

"Las ley de cabotaje solo hace referencia a la carga entre dos puertos estadounidenses. Nosotros podemos traer cosas del extranjero sin ningún problema, pero cuando son cargas dentro de nuestro país -hay que tener claro que el país es los Estados Unidos, jurídicamente hablando, no políticamente- tiene que ser un barco de bandera estadounidense", dijo MacClintock.

McClintock, ex presidente del Senado, explicó que en el Congreso de los Estados Unidos nunca ha existido una división en cuanto al tema de la Ley Jones.

"Esto no ha creado ninguna división en el Congreso. De hecho, el 95% de los congresistas no están ni enterados. Segundo, hay 31 estados costeros que tienen puertos en los Estados Unidos. Esos 31 estados tienen 62 senadores. La última vez que yo verifiqué 62 es mayoría de 100. No hay ninguna posibilidad -y no estoy abriendo puertas de ninguna clase- que el Senado de los Estados Unidos vaya a aprobar legislación que modifique de forma alguna la Ley Jones", agregó.

Destacó, además, que la Ley Jones protege los intereses de estos estados costeros. El exsenador también recordó que la Ley Jones aplica a los ríos navegables, como lo son el río Misisipi y el Misuri.

«Por lo tanto, a ellos no les conviene que una ley como la Ley Jones, que es una ley proteccionista para los puertos estadounidenses, vaya a modificarse», señaló.

Puerto Rico, como isla tropical, está condicionada a que toda la mercancía que entra y sale del país en grandes cantidades es por la vía marítima.

Las leyes de cabotaje de los Estados Unidos (Ley Jones 46 U.S.C. 55102) limitan el tráfico de barcos entre puntos de este país, incluyendo sus territorios y posesiones, a barcos construidos y registrados en los Estados Unidos, con ciertas excepciones.

Este ordenamiento legal vincula a Puerto Rico desde la aprobación de la primera ley orgánica (Ley Foraker) y dispuso que el cabotaje entre Puerto Rico y Estados Unidos sería "regulado de conformidad con las disposiciones de ley aplicables a dicho comercio marítimo entre cualesquiera dos grandes distritos costeros de los Estados Unidos".

Lupa desde la academia a las leyes de cabotaje

En el 2018, Reeve & Associates y a Estudios Técnicos, Inc. (ETI), analizaron el impacto de la Ley Jones de Estados Unidos sobre Puerto Rico. El documento explica que el huracán María azotó a Puerto Rico el 20 de septiembre de 2017.  Poco después, aparecieron varios artículos en la prensa estadounidense (e.g. el New York Times) en los que se afirmaba que la Ley Jones había afectado gravemente la economía puertorriqueña a lo largo del tiempo y en el período inmediatamente posterior al huracán María.

Descarga el estudio Impacto de la Ley Jones (2018)

Ante esto, el objetivo del informe fue explicar qué rol ha desempeñado la Ley Jones y la industria naviera nacional de los Estados Unidos al brindar servicios de transporte marítimo a Puerto Rico antes y después de la embestida del huracán, así como el impacto en la economía y población puertorriqueña.

El estudio descubrió que la Ley Jones brinda importantes beneficios a la población de Puerto Rico en cuanto a empleo e impacto económico, proporcionando más de 1,000 empleos para los residentes de Puerto Rico, generando una contribución económica anual general al estado superior a $250 millones.

Asimismo, reveló que la Ley Jones no tiene impacto sobre los precios de venta al detal en Puerto Rico o el costo de vida ni significan un incremento en la tarifa de flete de la Ley Jones para el transporte oceánico.