Por Daniel Rivera Vargas

La libertad religiosa, el acceso a la información pública, las armas de fuego y la inmigración son algunos de los temas sobre los que se espera que el Tribunal Supremo de Estados Unidos emita decisiones en los próximos meses, de acuerdo con el licenciado Carlos Chévere Lugo, profesor de Derecho en St. Mary’s School of Law, en Texas.

La lista de temas podría variar porque el término del Tribunal Supremo de Estados Unidos acaba de comenzar —inició el pasado 1 de octubre y se extiende hasta el 30 de junio— y el alto foro puede agregar nuevos casos durante este periodo. Además, podrían surgir controversias de emergencia, tramitadas mediante el llamado shadow docket, que no necesariamente se atienden en sus méritos, pero generan debate, según el estudioso de asuntos judiciales federales.

Uno de los temas sobre los que el profesor ya puede anticipar una respuesta es el de la libertad religiosa, en el caso St. Mary Catholic Parish v. Roy. En esta controversia, la institución, al alegar que es discriminada por motivos religiosos, se opone a una ley estatal que prohíbe a las entidades beneficiarse de un programa estatal para escuelas si discriminan por razón de sexo o género.

El Supremo lleva casi una década resolviendo en contra de medidas que afectan a grupos religiosos en estos asuntos, relató el académico y litigante.

"Aquí hay una línea de casos que viene desde 2017 de que un programa excluye a entidades religiosas se va a entender que es discriminatorio", dijo el profesor.

"Este caso va decidir que excluir a un colegio católico u otras entidades por bases (que pueden entenderse como) religiosas no procede y deben darle la misma oportunidad a escuelas católicas por fondos públicos que a escuelas seculares", agregó. "Otro caso que será utilizado para seguir erradicando la cláusula de establecimiento del constitucionalismo norteamericano".

Otro caso de importancia es Republican National Committee v. Mi Familia Vota. En esta controversia, que tiene una vista pautada para el 8 de diciembre, el alto foro evalúa una legislación de Arizona que exige prueba federal de ciudadanía para poder votar. Es incierto cómo resolverá el Supremo.

"Veo espacio para que el RNC prevalezca respecto de personas cuya falta de ciudadanía esté comprobada, pero eso no necesariamente justificaría cualquier programa de depuración ni toda exigencia documental", afirmó.

Tampoco deben perderse de vista dos casos sobre inmigración. El primero es Rhoney v. Barbosa da Cunha, relacionado con directrices del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Department of Homeland Security). El profesor entiende que el desenlace podría preservar la posibilidad de fianza para personas en estas circunstancias, mediante una interpretación estatutaria.

Mientras, en Homeland v. DVD, sobre las deportaciones de inmigrantes indocumentados a países distintos de sus países de origen, dijo que es más probable una victoria gubernamental sobre la jurisdicción o el alcance del remedio colectivo. Eso permitiría evitar una determinación sobre la constitucionalidad de todas las deportaciones realizadas sin aviso.

Otro caso sobre asuntos migratorios es Department of Labor v. Sun Valley Orchards, LLC, relacionado con ciertos programas laborales para inmigrantes y cuya vista está pautada para el 10 de noviembre.

"Me inclino ligeramente a una decisión que limite la adjudicación administrativa de estas reclamaciones monetarias. Sin embargo, el contexto migratorio fortalece considerablemente al Gobierno, y podría haber distinciones entre penalidades, salarios y exclusión del programa", afirmó.

El profesor Chévere también señaló que otro caso relevante en este inicio de término es Suncor Energy v. County Commissioners of Boulder County, relacionado, en parte, con el cambio climático.

En concreto, explicó que el debate gira en torno a si se permite incluir en una demanda federal reclamaciones por daños atribuibles a asuntos ambientales —en este caso, emisiones de gases— al amparo de una ley estatal.

"No daría por segura una prohibición general de los litigios climáticos estatales. Una salida importante es desestimar la revisión por falta de jurisdicción o resolver de forma estrecha", sostuvo sobre este caso, en el que ya se celebró una vista oral.

Asimismo, hay un caso penal, Beaird v. United States, en el que se evalúa si todavía es viable la deferencia que los tribunales otorgan a los comentarios de las guías federales de sentencia. Chévere prevé que lo más probable es que el Tribunal limite la deferencia automática.

El profesor entiende que este caso no debe llegar al extremo de revocar el precedente Booker, que determinó que las guías federales de sentencia aprobadas por el Congreso son discrecionales y no obligatorias para los tribunales de Estados Unidos.

También hay un caso relacionado con el acceso a la información y los límites del llamado descubrimiento de prueba. En U.S. DOGE Service v. U.S. District Court for the District of Columbia, se presentó un reclamo bajo la Ley Federal de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés), y parte de la controversia consiste en determinar si se puede exigir información al amparo de este estatuto a dicha entidad, adscrita a la Casa Blanca.

"Me inclino a una decisión favorable al Gobierno que exija mayor justificación y restricciones adicionales al descubrimiento. Eso no necesariamente implicaría declarar a DOGE completamente exento de FOIA", añadió.

Otro caso del que se espera una decisión próximamente, y en el que ya se celebró una vista oral, es Air Force v. Prutehi Guåhan, en el que se discute la renovación de un permiso relacionado con desperdicios peligrosos en el territorio de Guam.

El profesor explicó que este caso es relevante por sus posibles implicaciones para el derecho administrativo y anticipó una victoria para el Gobierno federal.

Finalmente, en Viramontes v. Cook County, el alto foro vuelve a intervenir en una controversia sobre armas de fuego al evaluar si la Segunda y la Decimocuarta Enmienda permiten la tenencia de rifles semiautomáticos y armas similares.

"Me inclino a una decisión favorable a los impugnadores que reconozca protección para los AR-15 y limite las prohibiciones categóricas. La incertidumbre está en si el Tribunal invalidará directamente las restricciones o devolverá los casos con instrucciones para aplicar un criterio distinto", sostuvo.

Este caso tiene una argumentación oral pautada para el 2 de diciembre.