Nota de la editora: ¿quieres estar al día con lo que sucede en los tribunales de Puerto Rico? Te invitamos a registrarte en nuestro boletín.

Por Paola Arroyo Guzmán

El Reglamento Conjunto 2020 tuvo un nuevo desenlace ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico a principios de esta semana luego de, de manera unánime, se confirmara la nulidad del documento y se concluyera que la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) no tenía jurisdicción en la controversia.

Descarga el documento aquí.

El planificador Luis García Pelatti, expresidente de la Junta de Planificación (JP), conversó con Microjuris sobre las implicaciones que tiene la determinación del Supremo en torno al Reglamento Conjunto 2020, y adelantó que la decisión determinó, específicamente, que la OGPe no es indispensable para la impugnación de su faz del Reglamento Conjunto de Permisos 2020.

«Le toca ahora a la Junta de Planificación identificar cuál es el instrumento que vamos a utilizar. Tenemos uno nulo. Esto ya pasó antes, la Junta en ese momento había decidido que era el del 2010. Yo entendería que deberían utilizar el Reglamento Conjunto del 2010, aunque también es importante destacar que existe un Reglamento Conjunto del 2019, que fue declarado nulo por el Tribunal Apelativo, pero está pendiente en el Tribunal Supremo porque aún no lo ha definido», dijo García Pelatti.

Aclaró que el Supremo no pasó juicio sobre el proceso que se llevó a cabo para adoptar el Reglamento Conjunto de 2020.

Sobre el caso

La OGPe, quien había solicitado al Supremo una revisión del fallo del Tribunal de Apelaciones, había planteado que la determinación apelativa fue emitida sin jurisdicción, puesto que la agencia no fue notificada ni incluida en el pleito.

Esto luego de que el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico y la organización Para La Naturaleza alegaran la falta de un proceso transparente con suficiente participación ciudadana, entre otros señalamientos procesales, durante la aprobación de dicho reglamento.

Otros casos resueltos

Recordó, a su vez, que en el 2021, el Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió no acoger la petición de certiorari de la Junta de Planificación, en el caso Comité Pro-Seguridad ARRAQ y ARESPA v. Junta de Planificación, porque la JP no cumplió con el reglamento del Tribunal.

El Supremo confirmó en aquel momento la nulidad del Reglamento Conjunto de 2020, ya que la JP incumplió con la sección 2.5 (b) de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno, que requería la preparación de un resumen ejecutivo.

Por lo tanto, ahora le corresponde a la JP llegar a un acuerdo para determinar cuál será el reglamento que estará vigente para expedir permisos en la isla.

¿Qué debe suceder?

García Pelatti indicó que tras la determinación, la JP debe decidir qué reglamento se debe utilizar y, al mismo tiempo, se abre la posibilidad de evaluar cada caso de forma individual.

Para García Pelatti es posible que la OGPe siga apelando la decisión,  y en verano del 2023, la Junta de Planificación «sacará un nuevo reglamento, que tendrá las mismas o, incluso, peores deficiencias que los anteriores».

¿Qué deben saber las personas que tienen un permiso bajo ese reglamento?

Según dijo, el otorgamiento de permisos no se detiene, pero para eso la Junta de Planificación debe corregirse, y determinar qué reglamento van a estar utilizando porque, de lo contrario, estarán induciendo a error a la ciudadanía.

«Ahora la Junta de Planificación está diciendo que la OGPe estará pidiendo reconsideración. Un ciudadano debe saber que va a pedir un permiso sabiendo que un reglamento fue declarado nulo, aunque lo obligan a utilizarlo. Yo, por ejemplo, tendré que decirle a mi cliente ‘es posible que te aprueben el permiso, pero si tienes un problema con un vecino, vas a perder el caso porque este reglamento fue declarado nulo, aunque la agencia me está obligando a utilizarlo'», lamentó García Pelatti.

Postura del gobierno

Ayer se anunció la detención de concesión de permisos por parte de la OGPe ante la determinación del Supremo. Sin embargo, hoy cambiaron su postura, y determinaron que no hay paralización alguna como resultado de la decisión.

«Todos los trámites de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) continúan llevándose a cabo sin interrupción. Como dije ayer la OGPe le estará solicitando al Tribunal Supremo que reconsidere su decisión, por lo cual la misma aún no es final y firme», rezan las declaraciones del gobernador Pedro Pierluisi. 

Sin embargo, para Pedro M. Cardona Roig, fundador de GET Global Consulting Puerto Rico, y mejor conocido como El Urbanista, esta determinación del gobierno no se sostiene y lo correcto es determinar cuál sería el reglamento a utilizar tras la decisión del Supremo.

«La determinación va a tener que retractarse porque eso no se sostiene. Eso no quiere decir que los permisos quedan anulados o revocados. Hay que llevarlos por el trámite, y entonces, verlos», dijo en su portal.

Indicó, a su vez, que si un permiso se otorgó para un distrito que existía en el Reglamento Conjunto del 2010, y existe en el Reglamento 2020, ese permiso «no tendrá problemas» porque no hubo un cambio sustancial.

«Los problemas vienen por todos esos cambios heroicos que hizo la Junta de Planificación y la OGPe, donde autorizaban unas cosas a través de los cambios de distrito, que habían sido cuestionados durante la aprobación».

Versiones encontradas 

Ante la sentencia emitida, el Departamento de Desarrollo Económico, a través de la OGPe, recurrirá al máximo foro con un recurso de reconsideración.

Por lo que, el presidente de la JP, planificador Julio Lassús Ruiz, reiteró que permanecería vigente la Resolución JPI-39-09-2022, emitida por la JP el 31 de enero de 2022, en la que se indica que el Reglamento Conjunto 2020 permanece vigente hasta tanto se concluyan los procesos en los tribunales.

 «A la OGPe le asiste su derecho de recurrir en reconsideración y determinó que así lo hará. La radicación de la reconsideración tiene el efecto de dejar pendiente una respuesta por parte del Tribunal Supremo, por lo que el caso continuaría abierto y la determinación emitida ayer aún no sería final y firme. En ese sentido, es claro que el Reglamento Conjunto 2020 continuaría vigente y por él se regirían los procesos», explicó el presidente.