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Recientemente se anunció la firma de la Ley 65-2023, cuyo fin es destinar fondos de cuentas inactivas o no reclamadas en los bancos de Puerto Rico a la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia (FFAJ).

De acuerdo con las disposiciones de la ley, el 40% del dinero retenidos serán entregados al Fondo de Acceso a la Justicia y el remanente a otras entidades.

Veamos los asuntos medulares de la medida. 

¿Que debes saber sobre la nueva ley?

Esta nueva legislación firmada por el gobernador, Pedro Pierluisi, enmienda la Ley Núm. 55 de 12 de mayo de 1933, que tiene como objetivo regular los fondos que son declarados y notificados como abandonados o no reclamados.

¿Por que es importante?

La nueva ley dispone que los fondos y bienes líquidos abandonados o no reclamados se entregarán al Fondo de Acceso a la Justicia «para asegurar los servicios legales que ofrecen organizaciones sin fines de lucro a personas y comunidades de escasos recursos», según lee su exposición de motivos».

El licenciado José Enrique Colón Santana, presidente de la Junta Administrativa de la FFAJ, explicó que al convertir este proyecto en ley, se logra garantizar la sustentabilidad del Fondo de Acceso a la Justicia para las próximas décadas. De esta manera, miles de familias lograrán recibir representación legal gratuita en asuntos civiles, tales como:

1. ejecuciones de hipoteca
2. desahucios
3. órdenes de protección
4. títulos de propiedad

«A través de esta legislación, se busca garantizar la protección de los derechos legales de nuestras comunidades y el uso responsable de estos activos para el beneficio en general. La aprobación de la Ley 65 de 2023 representa un paso significativo en la gestión adecuada de los fondos y bienes líquidos abandonados o no reclamados», agregaron.

Más sobre FFAJ

Al presente, el Fondo de Acceso a la Justicia subsidia más de treinta programas de asistencia legal comunitaria que impactan los 78 municipios del país.

A su vez, el Fondo de Acceso, por los pasados cinco años, ha asignado cerca de $1 millón al año y ha concedido una beca anual mediante la cual se pagan los servicios legales prestados por una persona becaria.