Por Daniel Rivera Vargas

Amparados en una sorpresiva decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos y a la expectativa de ver qué sucederá con las nuevas fuerzas políticas en Washington D.C., la directora del proyecto de justicia trans del National LGBTQ Task Force en Washington D.C., Victoria Rodríguez Roldán, repasó lo que podría ocurrir en 2021 y el impacto de lo ocurrido judicialmente en el 2020.

Rodríguez Roldán explicó que hay que ver las repercusiones que tenga en diversas instancias la decisión de Bostock vs. Clayton County, donde en una votación de 6 a 3 el alto foro judicial de Estados Unidos declaró que no se puede despedir a una persona sencillamente por ser de la comunidad LBGTIQ+, porque es contrario a la ley federal de derechos civiles.

«Nuestra sociedad es una de leyes escritas. Los jueces no son libres de pasar por alto mandatos estatutarios basados en nada más que suposiciones sobre intenciones o conjeturas sobre expectativas. En el Título VII, el Congreso adoptó un lenguaje amplio que hace que sea ilegal que un empleador dependa del sexo de un empleado al decidir despedir a ese empleado", lee parte de la opinión escrita por el primer juez asociado del Tribunal Supremo nombrado por el presidente Donald Trump, el juez Neil Gorsuch.

Se trata de una decisión que ocurre en momentos en que el alto foro judicial tenía una amplia mayoría conservadora.

Para la activista Rodríguez Roldán, fue una decisión sorprendente.

"La comunidad activista a nivel nacional estaba un poco cerrando los ojos esperando un golpe, esperando que fuera a doler. Así que fue una sorpresa. De las pocas cosas buenas del año 2020 fue que el Supremo decidiera como decidió", sostuvo Rodríguez Roldán.

La decisión llegó en momentos en que había 29 estados sin protección antidespido, dijo la activista.

Para Rodríguez Roldán, se trata de una decisión que puede aplicarse en otros ámbitos, como a nivel educativo y a protecciones de Salud bajo Obamacare.

"La lógica aplica a otras leyes que prohíban el discrimen por sexo en otros ámbitos», afirmó.

«Entiendo que es claro, pero obviamente los tribunales deben irlo aplicando», sostuvo.

"Es el momento (del año) legalmente hablando más importante para la comunidad LGBTQ», expresó.

En términos del 2020, un desarrollo significativo judicial no fue una decisión, sino una pérdida. La muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg, quien era una de las principales voces liberales en el Supremo y quien se destacó como defensora de derechos civiles.

Esto permitió que el presidente Trump llenara su escaño con la juez Amy Coney Barrett.

Ante el 2021

Aunque no está en riesgo Bostock, una controversia similar dejaría al tribunal en un 5-4.

Es incierto qué hará el alto foro judicial cuando lleguen controversias en temas como adopciones o libertades religiosas, dijo Rodríguez Roldán.

Sin embargo, la protección antidiscrimen con la decisión Bostock no aplica a espacios públicos, dijo Rodríguez Roldán.

Está la expectativa de que, en el 2021, la administración de Joe Biden retome legislación que fue aprobada en el pasado cuatrienio en la Cámara de Representantes, el Equality Act.

Sin embargo, el líder del Partido Republicano en el Senado, Mitch McConell, no permitió que se votara en el Senado,

"Una nueva reforma de derechos civiles. Es parte de las prioridades de la administración Biden pero requeriría permiso del Congreso", sostuvo.

El liderato republicano en el Senado está en juego hoy, cuando Georgia culmina el proceso de elecciones donde se elegirá a los últimos dos miembros del Senado de Estados Unidos, y que, si ganan, los demócratas coloca al partido del presidente Biden en control de ambos cuerpos legislativos federales.

"Te diría que si se va aprobar (el Equality Act), va a depender de lo que pase en Georgia", sostuvo Rodríguez Roldán.

Igualmente, más allá de la ley, se espera que la administración Biden tome pasos en contra del discrimen en los reglamentos de las agencias, explicó Rodríguez Roldán.

Esto puede llevar a prohibiciones al discrimen en aspectos médicos, como en salas de emergencia, también que se puedan adquirir identificaciones estatales de conducir que reconozcan el cambio de género y cambios a nivel de educación federal que prohíban el discrimen a estudiantes LGBTIQ+ desde kínder hasta la universidad.

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