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Por el Lcdo. Jaime L. Sanabria (ECIJA-BCBG)

Si la «utopía» fuese un país tendría tantas banderas como habitantes, porque cada una, cada uno, la concibe primero y la construye después desde su propia perspectiva. Ocurre que la evolución, la tecnología, los derechos humanos y, aunque parezca también una utopía, una buena administración pública, van demoliendo algunas y asentándolas como hechos consumados, tangibles, incorporadas a la cotidianidad en las sociedades más avanzadas. Un día, por fortuna lejano, la abolición de la esclavitud era una utopía y hoy la mera existencia de aquella nos parece una atrocidad. Son múltiples los ejemplos históricos de las metamorfosis de ciertas utopías a leyes.

Los puertorriqueños somos conscientes de que nuestra pirámide poblacional está invertida. Y la misma refleja una estrechez en las franjas centrales de la población, a saber, los boricuas en su etapa productiva. Ello fruto de la hemorragia migratoria a la que se ha visto sometido Puerto Rico en los últimos tres lustros, con una merma de más de medio millón de boricuas que han abandonado la patria en busca de oportunidades que no creían tener aquí.

Son numerosas las razones migratorias, algunas de más calado, otras más sutiles, pero en no pocas ocasiones la suma de sutilezas desemboca en el casus belli que agrieta y explosiona las compuertas del progreso y lo atrasa.

Sin que sea un asunto capital en el mosaico de los problemas boricuas, sin que el motivo central de mi reflexión de hoy constituya un tema central de conversación en bares, restaurantes y conciertos de reguetón y trap, sí quiero advertir que la lucha por la igualdad de los sexos debe ser aplicada en su máximo rigor en todos aquellas áreas de la vida que todavía hoy presentan una brecha diferenciadora inercial que puede y debe ser suturada con (i) voluntad primero, (ii) perspectiva después, (iii) debate a continuación y (iv) legislación en última instancia.

La superpoblación de los orfanatos puertorriqueños representa uno de los signos que nos aleja como nación de esa utopía que nos debería aproximar a esos otros países en los que han dejado de serlo. Nuestros orfanatos repletos son testigos de un fracaso social conjunto. Suman demasiados los infantes que habitan esas instituciones fruto del abandono familiar o de coyunturas domésticas tan desestructuradas que obligan a las autoridades a protegerlos internándolos en esos centros.

Una de las soluciones para la reintegración de las criaturas, de edades variadas, en la sociedad, lo constituye el camino de la adopción, un proceso no exento de un exceso de burocracia, y que presenta un obstáculo de igualdad intergenérica que limita el número de adopciones y nos distancia como país de esa aludida y necesaria igualdad de los sexos.

En Puerto Rico, en lo que concierne a la adopción, los hombres, no tienen derecho alguno a licencias remuneradas, circunstancia que transgrede la Constitución de Puerto Rico en los artículos que aluden a la igualdad de derecho – y deberes– entre hombres y mujeres. Y esto, sin ambages, es discriminatorio por razón de sexo.

Sobre el particular, nuestra Ley de Madres Obreras (1942) dispone que toda empleada que adopte un menor de edad preescolar, entiéndase un menor de cinco años que no esté matriculado en una institución escolar, tendrá derecho a los mismos beneficios de licencia de maternidad que goza una empleada que da a luz. Casi 83 años después, sigue sin haber una sola enmienda, fruto de la diversidad de los tiempos, sobre el reconocimiento del mismo derecho cuando la adopción la practique un hombre.

Por ello, debemos mirar a otras jurisdicciones, a aquellos países, en su mayoría europeos, que no solo han igualado las licencias por nacimiento entre mujeres y hombres, sino también las de adopción, a saber, Noruega, Suecia, Dinamarca, Irlanda, Reino Unido, Eslovaquia, España, entre otros.

Como mencionaba anteriormente, no es un asunto que acucie, pero sí discrimina y vulnera manifiestamente la igualdad de géneros constitucional. El número de hombres adoptantes va in crescendo en Puerto Rico por motivos de aperturismo en la conformación de las estructuras familiares. Ergo, fomentar la equiparación de los derechos entre sexos o géneros, en todos los casos, debería no tener que ser reivindicado, sino estar naturalizado ya en nuestro corpus legislativo.

No existe razón legítima alguna que justifique este trato distinto; las mujeres y los hombres se encuentran en igual posición a la hora de tener las herramientas y destrezas para adoptar.

Consciente de ello, sostengo que una de las demasiadas utopías boricuas pendientes de dejar de serlo debería ser reducir la demografía de nuestros orfanatos; disminución que sería indicativa tanto de que los infantes huérfanos menguan como de que las adopciones aumentan.

Abramos el debate, presentemos iniciativas, basta solo con apelar a la Constitución. Centenares de infantes que aspiran a ser felices nos están esperando.

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