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Por Daniel Rivera Vargas

Entre las numerosas ordenes ejecutivas del presidente Donald Trump hay una que representa diversos peligros para las mujeres, esto en el tema del aborto, según la profesora de derecho constitucional Yanira Reyes Gil.

La orden fue anunciada el pasado 25 de enero busca «terminar con el uso de dinero de contribuyentes federales para financiar promover el aborto selectivo» bajo la premisa de que por cinco décadas el Congreso ha pasado legislación a esos efectos, pero fue ignorada por la administración de Joe Biden, según la descripción de Casa Blanca.

Entrevistada por Microjuris, la catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana entiende que la orden es cónsono con los ata que se esperaba de Trump en su campaña, y que representa una amenaza para el estado de derecho de mujeres y personas gestantes.

El resultado directo de la orden es dale vigencia al acta Hyde, existente hace décadas pero con variada interpretación, que restringe el uso de dinero federal para abortos llamados selectivos.

Esto afecta principalmente a personas pobres que para realizarse un aborto necesitan de ayuda económica del gobierno u hospitales que usan fondos del programa Medicaid, indicó Reyes Gil.

Asimismo, se recortan servicios de aborto a miembros del ejército.

«No se podrá usar (el dinero federal) ni para situaciones de emergencia, y se espera que esto tenga otras implicaciones, que se expanda eventualmente al acceso a medicamentos, a pastillas abortivas y otros servicios», indicó la catedrática.

También, Reyes Gil dijo que el presidente Trump eliminó una orden que fortalecía la privacidad de las personas que buscaban información de salud sexual, y además perdonó a convictos por violar una ley que prohíbe hostigar a personas que buscan abortos.

Explicó que igualmente se firmó un memorando presidencial en contra del uso de dinero federal para abortos fuera de Estados Unidos, para no apoyar organizaciones que promueven abortos en otras partes del mundo y a través del Departamento de Estado se estarían sumando a una declaración llamada Declaración de Consenso de Ginebra que reconoce la vida desde la concepción, o sea cuando aún se encuentra en el vientre de la persona gestante, y comprometida a eliminar el derecho al aborto.

También se están preparando hojas de datos, que buscan enfatizar que el presidente está cumpliendo sus compromisos de campaña.

«Es un ataque frontal», dijo Reyes Gil. «Tenemos que entender que uno de los efectos es la criminalización y la falta de acceso a servicios de emergencia y sexuales y reproductivos. Otro asunto es la persecución, no solo la criminalización sino la persecución y divulgación de información privada de mujeres privadas y personas gestantes y clínicas que ofrecen servicios de aborto», indico

Igualmente, las nuevas directrices federales también tienen el efecto de que puede motivar a que se gesten ataques adicionales a los derechos, pero desde la esfera estatal.

Afirmó que tras la derogación del caso Roe v. Wade, que daba protección federal al aborto, muchos estados mantienen políticas estatales a favor de este derecho, pero pudieran enfrentar algún nivel de asedio por parte de opositores en cada estado a las terminaciones de embarazos, en medio del clima político fomentado por la administración Trump.

«Es el empoderamiento de sectores antiderechos en los estados», sostuvo Reyes Gil.

Ya en Puerto Rico se han comenzado a gestar ataques a nivel del gobierno local al derecho al aborto. Reyes Gil dio como ejemplo el proyecto aprobado por el Senado el martes para condicionar los abortos de menores de edad a que estas personas cuenten con la autorización de un adulto para terminar un embarazo.

Reyes Gil criticó que la medida se aprobó por descargue, sin la celebración de vistas públicas en las que pudieran expresarse opositores a esta medida, o incluso los jefes de agencia nombrados por la gobernadora Jenniffer González.

Este mismo proyecto ya fue evaluado por la Legislatura el pasado cuatrienio y no fue aprobado por los cuerpos legislativos, esto luego de vistas públicas en las que el 80% de los deponentes se opuso al proyecto de ley, dijo Reyes Gil

La catedrática agregó que ni siquiera hacía falta la aprobación en este cuatrienio de un proyecto de ley porque el objetivo del mismo actualmente se encuentra regulado por una directriz del Departamento de Salud, que fue producto de las vistas públicas previas.

«Es un proyecto para las gradas», aseguró Reyes Gil.

La profesora dijo que, quizá animados por el clima creado por el presidente Trump, se presentaran nuevos proyectos en contra del aborto. Dijo que ya hay radicadas varias medidas de la autoría de la representante Lizzie Burgos que buscan poner trabas a este derecho.