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Por Daniel Rivera Vargas
Hoy comenzó una nueva etapa energética en Puerto Rico.
Por primera vez en la historia, un operador privado —en este caso, el consorcio LUMA Energy— asume el control de la red energética del país. Este proceso provoca una mezcla de escepticismo y esperanza.
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Ante las interrogantes que este nuevo paso implica para el país, Microjuris.com se acercó al Centro para la Nueva Economía, una organización independiente no gubernamental, para aclarar las dudas.
La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico es una corporación pública que, a palabras del CNE, está quebrada y con graves problemas de administración y ejecución.
Sus fallos operacionales después del huracán María, de acuerdo con el CNE, le costaron la vida a cientos de personas en Puerto Rico.
El 22 de junio de 2020, la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico (P3A) formalizaron un acuerdo para la Operación y Mantenimiento del Sistema de Transmisión y Distribución de la AEE con LUMA Energy y LUMA Energy Servco.
El operador es un consorcio formado por ATCO, una empresa canadiense operadora de sistemas eléctricos, y Quanta Services, un proveedor de soluciones de infraestructura para la industria de energía eléctrica con sede en Texas.
El acuerdo de operación y mantenimiento otorga el derecho de operar y administrar el sistema de transmisión y distribución de la AEE durante 15 años, mientras la AEE mantiene la titularidad del sistema.
El operador tiene derecho a recibir un cargo por servicio que consiste en:
Usar el desempeño anterior de la AEE para medir el progreso podría establecer un estándar demasiado bajo, de acuerdo con el CNE.
Las métricas de rendimiento deben desarrollarse, de acuerdo con el CNE, en consulta con el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, utilizando las mejores prácticas y métricas de desempeño de empresas de servicios públicos en una situación similar.
Para la organización independiente, la P3A debe contratar una firma de auditoría independiente para realizar auditorías anuales y realizar un seguimiento de las reducciones de costos supuestamente generadas por el operador.
También se debe permitir que el NEPR revise y analice esos hallazgos.
Además del acuerdo con LUMA, la AEE atraviesa otros procesos de cambios.
Primero, el NEPR ha revisado y aprobado un Plan Integrado de Recursos (PIR) para la AEE que, al menos en teoría, debería guiar las operaciones de la empresa de servicios públicos durante los próximos 20 años.
En segundo lugar, la Junta de Supervisión y Administración Financiera ya ha certificado un Plan Fiscal para la AEE.
En este proceso, hay también un Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración de la Deuda de la AEE con un subconjunto de los acreedores de la AEE.
Con la asistencia del Departamento de Energía federal (DOE, por sus siglas en inglés), la AEE ha preparado un plan para modernizar y descentralizar la red de transmisión y distribución en Puerto Rico, como parte de un esfuerzo mayor para reconstruir el sistema eléctrico.
Los procesos de transformación de la AEE, de acuerdo con el CNE, deben ser coordinados por el NEPR, de conformidad con el Plan Integrado de Recursos debidamente adoptado.