Por Daniel Rivera Vargas

En medio de la crisis asociada a la respuesta de diversas instituciones tras el paso del huracán Fiona, el tema de la Ley Jones y las leyes de cabotaje han resurgido en el debate público, luego de reclamos públicos que han incluido hasta congresistas y más concretamente luego que el domingo se supiera que había una barcaza cargada con diesel que no podría desembarcar porque no cumplía con ese estatuto.

Rafael Cox Alomar, profesor de la Escuela de Derecho David A. Clarke, en Washington DC, indicó que la Ley Jones se trata de una ley ya centenaria, que a su vez recoge conceptos vigentes desde el siglo XIX.

"La Ley Jones de 1920 es la legislación federal que regula las operaciones de la marina mercante norteamericana. La realidad es que la Ley Jones lo que hizo fue codificar el entramado de leyes federales que, desde la fundación de los Estados Unidos, a finales de siglo 18, ya existía con relación al mercado marítimo (que a su vez constituye un canal del comercio interestatal y por consiguiente cae bajo el escrutinio regulador del Congreso tal y como lo establece la Constitución federal)", explicó el profesor.

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, informó en su cuenta de Twitter que ya ha solicitado la intervención del secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para lograr una dispensa y aliviar la situación en la isla.

Esta dispensa es necesaria debido a la Ley Jones, que estipula que si un barco se mueve entre dos puertos de Estados Unidos debe tener bandera estadounidense y contar con tripulación estadounidense.

De acuerdo a la información suministrada, el barco proviene de Texas, pero tiene bandera extranjera, por lo que la ley impide el desembarco del diésel sin un permiso previo.

"Conforme la Ley Jones únicamente embarcaciones hechas en astilleros norteamericanos, de titularidad (y con bandera) norteamericana y con tripulación norteamericana pueden transportar mercancía entre puertos norteamericanos.  Dicho de otra manera, una barcaza foránea de diésel que desde un puerto foráneo haya llegado a Texas no podrá acceder al puerto de Ponce porque Ponce es un puerto norteamericano para propósitos de la Ley Jones y solo una barcaza norteamericana puede traer ese diésel a Ponce desde Texas. Ahí la gravedad del asunto", mencionó el catedrático.

Se trata de una limitación que afecta a Puerto Rico, pero no a todos los territorios estadounidenses. "Cabe destacar que nuestras vecinas, las Islas Vírgenes, que también son territorio norteamericano, desde siempre han estado exentas de estas leyes por estar fuera de la zona aduanera de los Estados Unidos. Muy distinto al caso de Puerto Rico", explicó.

Pero, el debate reciente a la ley Jones va más allá del barco, esto luego que Nydia Velázquez y otros 8 congresistas, varios de ellos de ascendencia puertorriqueña, solicitaron la semana pasada al secretario del Departamento de Seguridad Interna (Homeland Security) Alejandro Mayorkas, una exención general de este estatuto por un plazo de 12 meses.

Congresistas piden eximir a Puerto Rico de las leyes de cabotaje por un año

Cox Alomar dijo que podía concederse el ‘waiver’ solicitado, aunque quizá por un periodo más corto que el reclamado por los congresistas.

"La concesión del ‘waiver’ temporero debería concretarse muy próximamente.  Existe amplio precedente para concederlo conforme los requisitos del propio Jones Act — tal y como ocurrió luego de María en 2017, cuando se eximió a la isla por cerca de un mes de las restricciones al cabotaje".

Independientemente de estos incidentes relacionados a Fiona, ¿cómo se beneficiaría Puerto Rico si se eliminara el Jones Act? ¿Cómo afecta a Estados Unidos?, se le preguntó.

"La Ley Jones provee para el ‘waiver’ permanente de la restricción al cabotaje.  Es por ahí que debemos encaminarnos los puertorriqueños. Ciertamente, concederle el ‘waiver’ permanente a Puerto Rico no afectaría grandemente la economía norteamericana, particularmente en un escenario como el actual, cuando los astilleros norteamericanos no producen el volumen de embarcaciones que manufacturaban años atrás. El comercio entre Puerto Rico y los Estados Unidos continuaría intrínsecamente ligado aun después de la concesión del ‘waiver’ permanente. De hecho, Puerto Rico estaría en mucho mejor posición y fortalecería sus ventajas competitivas con respecto a sus vecinos caribeños — lo que también beneficiaría a los Estados Unidos.

El tema de sacar a Puerto Rico de las leyes de cabotaje no es un tema nuevo en el debate público, pues ya antes se ha hablado de la necesidad de que se derogue esa ley.

Cox Alomar entiende que hay una sola razón para que esto no haya ocurrido: "No ha pasado, simple, llana y trágicamente, por la falta de voluntad (y madurez) política aquí".