Por Daniel Rivera Vargas

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) anunció esta semana que avala el nuevo acuerdo para la privatización de la generación de energía eléctrica.

En una declaración emitida poco después de que el gobernador Pedro Pierluisi anunciara que el contrato es por diez años con la empresa genera, la Junta de Supervisión resaltó que la transformación energética que requiere la isla deberá incluir un ente privado.

Anuncian alianza público-privada para la operación y mantenimiento en la AEE

«Puerto Rico necesita y merece una energía más confiable, más asequible y más limpia. La transformación del sector energético de Puerto Rico se basa en parte en la transición de la administración de las centrales eléctricas existentes de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a un operador privado que también asumirá la responsabilidad del cumplimiento ambiental, de la seguridad y del desmantelamiento de las plantas antiguas», expresó la Junta de Supervisión en declaraciones escritas.

Para el ente, el anuncio del pasado miércoles, es la culminación de un proceso de licitación competitiva multianual para atraer e identificar candidatos calificados para administrar las operaciones de generación eléctrica de la Autoridad de Energía Eléctrica.

Tras este análisis, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) de Puerto Rico y la AEE seleccionaron a Genera PR LLC para operar y mantener las centrales eléctricas existentes.

Genera PR es una subdivisión de New Fortress Energy Inc., que es propietaria de numerosos activos de infraestructura energética a nivel mundial. Cuenta con operaciones en Estados Unidos, el Caribe, Europa y Latinoamérica.

En los comunicados de Fortaleza y la junta no se indica el monto del contrato. La parte de la distribución de energía ya había sido cedida en contrato privado, esto a la empresa Luma Energy.

«El acuerdo propuesto con Genera es un elemento clave de la transformación energética de Puerto Rico definida en el Plan Fiscal, que garantiza una fuente de energía confiable y más limpia mientras Puerto Rico avanza hacia las metas de energía renovable definidas en la Ley 17-2019 de Puerto Rico. La Junta de Supervisión apoya esos objetivos y aprobó el acuerdo», sostuvo.

La Junta de Supervisión entiende que este proceso de privatización es una forma de atender lo que son «décadas de mala administración y negligencia» que han dejado a Puerto Rico «con un sistema energético caro, ineficiente y anticuado».

«Los planes fiscales y la Ley 17 requieren la segregación del sistema eléctrico monopolístico para que diferentes partes con experiencia en el sector privado se encarguen de la operación de las centrales eléctricas y de la red. El pueblo de Puerto Rico conserva la propiedad de la red y de las centrales eléctricas y está facultado para rendir cuentas a los operadores privados», agregó la JSF.