Por María Soledad Dávila Calero

Tras el proceso de análisis para la prohibición de las terapias de conversión de la sesión pasada, la discusión sobre los derechos para las personas LGBTTQ+ regresó a la Cámara Alta con el Proyecto del Senado 485 que busca crear la Carta de Derechos de las Personas LGBTTQ+.

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Según explicó a Microjuris.com la senadora Ana Irma Rivera Lassen, una de las autoras de la medida, la carta recoge protecciones y derechos para las personas LGBTTQ+ que ya están validados en otros foros como leyes y decisiones judiciales, por lo que la meta del proyecto es ser "hoja de ruta y reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTTQ+ en Puerto Rico".

"Las cartas se utilizan precisamente para llamar la atención sobre que no haya violación de derechos por estas razones", explicó luego Rivera Lassen, quien también preside la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales, que está atendiendo la medida.

El proyecto entra a los derechos de acceso a la educación, vivienda, seguridad, justicia y salud, entre otros aspectos que afectan el día a día de las personas LGBTTQ+.

Educación con perspectiva de género

En cuanto a la educación, el Proyecto del Senado 485 no solo busca exigir que las personas LGBTTQ+ no sufran "limitaciones, discriminación u hostigamiento por su orientación sexual o identidad de género real o percibida", sino que también establece que la educación deberá ser "con un enfoque de género y de diversidad sexual, enseñanza de la igualdad y no discriminación desde la perspectiva de género en las escuelas".

"Las familias son diversas, así que la educación tiene que enseñar que las familias son diversas", argumentó Rivera Lassen.

Sobre la importancia del reconocimiento de la diversidad e incluir la educación con perspectiva de género, la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana también indicó que en el Código Civil de Puerto Rico y en decisiones judiciales se habían garantizado el derecho de las personas LGBTTQ+ de poder casarse y adoptar, por lo que una función del currículo con perspectiva de género es atemperarlo a las realidades jurídicas de Puerto Rico.

"¿Así que qué es lo que vamos a estar enseñando en la escuela, que lo que dicen nuestras leyes no es correcto? La educación tiene que tener una base de derechos humanos, una base legal y eso es lo que nuestros niños y nuestras niñas van a estar aprendiendo. ¿Cuál es el problema con eso?", dijo Rivera Lassen.

"Todo esto no es nuevo en Puerto Rico. Llevamos años tratando de impulsar una educación que realmente represente lo que es la complejidad y la diversidad de la sociedad puertorriqueña que se parezca a los que esos estudiantes y esas estudiantes viven en sus casas y en sus comunidades".

Vivir en paz

La Carta de Derechos busca, explicó Rivera Lassen, que las personas LGBTTQ+ puedan tener una vida libre de violencia, no sólo física sino también institucional, lo que incluye cómo el componente de seguridad del gobierno se dirige hacia personas LGBTTQ+ así como a sus actividades y establecimiento, y evitar el discrimen que las personas puedan encontrar al buscar servicios.

"El derecho a que la persona pueda cambiar su nombre o su identidad de género en los documentos oficiales: aunque hay un caso [judicial] en que se dice que se puede hacer sabemos que mucha gente confronta serios problemas cuando van a tratar de reivindicar ese derecho en el registro demográfico en Puerto Rico", dijo Rivera Lassen.

El proyecto no es sólo de aplicación para el sector público ya que el derecho al empleo a la salud y a recibir servicios es también aplicable al sector privado.

Igualmente, la sección 5 del Artículo 3 de la medida busca asegurar el derecho a una vivienda digna y la senadora explicó que le han llegado denuncias sobre en égidas o comunidades para adultos mayores en los que parejas LGBTTQ+ han encontrado dificultades.

Más precisión

Aunque el insumo general que recibió de los deponentes durante la vista del Proyecto del Senado 485 fue una positiva en cuanto a la meta, Rivera Lassen explicó que varios grupos sugirieron que la medida fuera más específica en los requisitos de cumplimiento de los informes que se les requerirá a las agencias de gobierno, para que estos provean estadísticas y contestaciones concretas de acciones que tomen las agencias.