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Por Daniel Rivera Vargas

Sobre 70 cooperativas de Puerto Rico firmaron una carta enviada esta semana al Departamento del Tesoro de Estados Unidos preocupados por el efecto que tendrá una reciente propuesta del presidente Donald Trump de eliminar un fondo del que se nutren estas instituciones financieras puertorriqueñas.

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La directriz de Trump que preocupa a los cooperativistas es la propuesta eliminación «al máximo posible» del Community Development Financial Institutions (CDFI) Fund, esto mediante una orden ejecutiva anunciada el pasado viernes titulada «Continuación de la Reducción de la Burocracia Federal».

La carta en la que firman un total de 317 instituciones de todo Estados Unidos explica que el CDFI nace de una propuesta bipartida en 1994 para fortalecer el crecimiento económico en sectores con necesidades en todo el país. Los fondos asignados proveen asistencia técnica y fondos para que esas instituciones ayuden a sus comunidades.

«Con los altos costos afectando los presupuestos de las familias, necesitamos más capital y no menos, fortalecer las economías locales, expandir las oportunidades de viviendas y para pequeños negocios, crear empleos y construir ahorros en los hogares», reza parte de la misiva de 5 páginas enviada hoy a Scott Bessent, secretario del Tesoro.

La misiva asegura que este programa, en realidad, este programa es una buena inversión del gobierno federal: «Desde que se creó el Fondo CDFI hace más de 30 años, las CDFI han demostrado ser una de las mejores estrategias de mercado del Gobierno federal, consiguiendo 8 dólares de inversión privada por cada dólar de financiamiento pública recibido».

La petición al secretario es para que intervenga para que no se afecta el CDFI porque su presupuesto fue aprobado recientemente por el Congreso por una ley que mantiene en $324 millones las asignaciones al fondo.

«La inclusión del CDFI es alarmante», expresa el documento. «La orden ejecutiva trae confusión e incertidumbre a fondo del CDFI, cuando es la fuente más consistente de inversión de estas instituciones vitales, poniendo en riesgo su trabajo crítico», añade.

Una de las firmantes de la carta es la organización Inclusiv, que describe las CDFI como «la base de nuestras economías locales».

«El fondo es un socio esencial y catalítico para continuar fortaleciendo la actividad económica», dijo en declaraciones escritas Cathie Mahon, presidenta y principal oficial ejecutivo de Inclusiv.

Además del CDFI, la orden recorta las siguientes dependencias federales:

Continuing the Reduction of the Federal Bureaucracy – The White House

i) the Federal Mediation and Conciliation Service;
(ii) the United States Agency for Global Media;
(iii) the Woodrow Wilson International Center for Scholars in the Smithsonian Institution;
(iv) the Institute of Museum and Library Services;
(v) the United States Interagency Council on Homelessness;
(vi) the Community Development Financial Institutions Fund; and
(vii) the Minority Business Development Agency.

Según la orden, los jefes de las correspondientes agencias del gobierno federal deben informar en 7 días el cumplimiento total con la orden ejecutiva y cual función, si alguna, debe subsistir por virtud de alguna disposición de ley.