La Cámara de Representantes aprobó ayer un proyecto de la presidenta de ese cuerpo, Jenniffer González Colón, que enmienda el Plan de Reorganización del Departamento de Corrección, a fin de excluir del sistema de rebaja de términos de sentencias, toda convicción por delitos relacionados con abuso sexual infantil (P. de la C. 3687).

La pieza que se une a los esfuerzos de la Legislatura para castigar esa abominable conducta, contó con 44 votos a favor, ningún voto en contra.

La legislación consigna que la penalidad establecida en los delitos de abuso sexual infantil se reduce una vez se aplican las bonificaciones del sistema de rebaja de términos de sentencias.

Por ello, cataloga de necesario declarar incompatible el beneficio de bonificación cuando la persona resulta convicta por abusar sexualmente de un menor.

El proyecto excluye de los abonos que establece este Artículo toda convicción por abuso sexual infantil; lo cual significa, incurrir en conducta sexual en presencia de un menor y/o que se utilice a un menor, voluntaria o involuntariamente, para ejecutar conducta sexual dirigida a satisfacer la lascivia o cualquier acto que, de procesarse por la vía criminal, configuraría cualesquiera de los siguientes delitos: agresión sexual, actos lascivos, comercio de personas para actos sexuales, exposiciones obscenas, proposición obscena, producción de pornografía infantil, posesión y distribución de pornografía infantil, utilización de un menor para pornografía infantil, envío, transportación, venta, distribución, publicación, exhibición o posesión de material obsceno y espectáculos obscenos.

En otro asunto, se recibió un informe en torno a las operaciones de las plantas co-generadoras de energía y el impacto que estas han tenido en reducir la dependencia del petróleo como fuente para producir energía.

El informe de la resolución radicada por la líder cameral, concluye que la operación de las co-generadoras AES Puerto Rico y EcoEléctrica, que utilizan como combustible el carbón y el gas natural, es demostrativa de que hay alternativas viables para que puedan diversificarse las fuentes de energía.

«Es viable, en términos económicos y tecnológicos, que se reduzca la dependencia en el petróleo como combustible para la producción de energía eléctrica. Esa dependencia se ha reducido en un treinta (30%) por ciento», planteó el documento firmado por el presidente de la Comisión de Asuntos del Consumidor, Jorge Navarro Suárez.

De acuerdo a la investigación, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), confronta serios y sustanciales problemas gerenciales, administrativos y financieros, que apuntan a una grave situación de ineficiencia y de incumplimiento de normas estatutarias y reglamentarias. Aún cuando la operación de las co-generadoras ha producido ahorros en el costo de energía, esos ahorros parecen disiparse en las operaciones ineficientes de la AEE.

De hecho, Navarro Suárez sostuvo que es urgente y necesario continuar con las gestiones que se realizan por el Gobierno Federal, Gobierno Estatal y la AEE, para la diversificación de las fuentes para producir energía eléctrica y reducir el costo de la electricidad. Ello incluye la utilización sustancial del gas natural mediante la implementación del proyecto denominado Vía Verde.

Asimismo, opinó que es altamente probable que las serias deficiencias administrativas, operacionales y financieras de la AEE se deban, en gran parte, al hecho de que esa corporación pública se fiscaliza a sí misma.

«Se hace necesario que se apruebe legislación para crear una junta u organismo independiente, con facultades adecuadas para cumplir su misión de regir las operaciones de la AEE, incluyendo la fijación de tarifas y la promoción de fuentes alternas de energía», señaló el representante novoprogresista.

De otra parte, se refrendó por unanimidad un proyecto del representante Ángel Peña Ramírez, que establece el requisito de notificación previa por parte de las instituciones hospitalarias a pacientes sobre el uso de equipo de cuidado médico y quirúrgico reciclado o reprocesado, que ha sido manufacturado con la intención de ser utilizado una vez en procedimientos de cuidado de salud y quirúrgicos (P. de la C. 2161).

La propuesta provee un mecanismo que informe al paciente y le permita consentir el uso de estos instrumentos reprocesados en su procedimiento de cuidado de salud y/o quirúrgico y establecer que el Departamento de Salud sea notificado de infecciones, lesiones serias y muertes surgidas en procesos de cuidado de salud y quirúrgicos donde se han utilizado instrumentos reprocesados manufacturados para un solo uso.

Entretanto, se avaló la iniciativa de la representante María Vega Pagán, que enmienda la ley que ordena al Secretario de Educación a establecer, en el currículo de las escuelas superiores públicas, un curso compulsorio de Seguridad en el Tránsito de un semestre como requisito de graduación del nivel superior, a los fines de ampliar dicha oferta académica mediante la colaboración del Departamento de Transportación y Obras Públicas, de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito y los distribuidores y concesionarios de autos en Puerto Rico, que así opten por hacerlo de forma voluntaria (P. de la C. 3529). La pieza contó con 32 votos a favor y 12 votos en contra.

Además, se consintió enmendar la ley que designa el período comprendido entre el día 1ro. de mayo hasta el día 5 de junio de cada año como la «Temporada Educativa Pro Recursos Naturales, Calidad y Salud Ambiental» en Puerto Rico, a los fines de que se designe dentro de dicho periodo el 5 de junio de cada año como el «Día de los Derechos Ambientales en Puerto Rico» (P. de la C. 2585).

También, se acordó por unanimidad declarar al Fideicomiso Ballets de San Juan, como patrimonio cultural del pueblo de Puerto Rico (P. de la C. 3885).

La pieza de los representantes Luis «Junior» Pérez Ortiz, José «Pichy» Torres Zamora y José «Nuno» López, destaca la aportación de Ballets de San Juan al quehacer cultural puertorriqueño.

«Ballets de San Juan se destaca por ser la primera compañía de ballet profesional en Puerto Rico, una de las más antiguas en Latinoamérica, la cual ha laborado ininterrumpidamente por casi 60 años. Esta entidad desarrolló un repertorio netamente puertorriqueño, que enaltece nuestro bagaje cultural y nuestra tradición de pueblo, y ofreció por primera vez al público puertorriqueño, un repertorio clásico, neoclásico y moderno».

Finalmente y con la abstención de la delegación popular, se concurrió con las enmiendas que sometió el Senado al proyecto que faculta al Secretario de la Vivienda a segregar y/o enajenar mediante el mecanismo de certificación administrativa aquellos bienes inmuebles pertenecientes al Departamento de la Vivienda y que forman parte del Programa de Comunidades Especiales (P. de la C. 3852).

La Cámara recesó sus trabajos hasta el lunes, 7 de mayo de 2012, a la 1:00PM.