Por Daniel Rivera Vargas 

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda tras un grupo de estudiantes universitarios en Puerto Rico y de otros Estados verse afectados por medidas tomadas por la administración del presidente Donald Trump en contra de inmigrantes.

La demanda de 29 páginas presentada el pasado viernes en New Hampshire indica que al menos 112 estudiantes de universidades de Puerto Rico, New Hampshire, Massachusetts, Maine y Rhode Island se han visto perjudicados por la decisión repentina de cancelar el estatus migratorio de estudiantes F-1, sin que se especificará la razón.

El licenciado Fermín Arraíza Navas, director legal del Capítulo de Puerto Rico de la ACLU, explicó que se trata de un potencial pleito de clase y que se busca precisar cuántos estudiantes con esas visas pudieran estar en Puerto Rico, al ser una de las jurisdicciones incluidas en esta demanda.

«Estamos en ese proceso de recopilar datos en todos los territorios de la Unión Americana, incluyendo Puerto Rico», afirmó Arraíza Navas en entrevista con Microjuris.

Parte de ese proceso de recopilación de información es con reuniones directamente con autoridades universitarias del país, para lo que se están procurando reuniones presenciales, dijo el letrado.

La demanda indica cómo algunos de estos estudiantes estaban ya en una avanzada etapa de sus carreras. Incluso, ya graduados en su etapa final de adiestramiento. Algunos pueden estar perdiendo inversiones de más de $300,000 en programas de maestría.

Según la ACLU, estas cancelaciones por parte del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. han estado ocurriendo al menos desde el 1 de marzo de 2025 y se entiende que hasta el 17 de abril de 2025 más de 210 universidades e instituciones han identificado a más de 1,400 estudiantes internacionales y recién graduados cuyo estatus legal ha sido modificado. No obstante, no se ha garantizado el derecho al debido proceso ya que el gobierno está obligado a proporcionar una notificación previa y ofrecer una oportunidad significativa para responder. Además, se afirma que el gobierno necesita tener fundamentos válidos para cancelar el estatus de estudiante.

Arraíza Navas resaltó la importancia de este recurso. «Es muy importante en el sentido de que están impugnando las distintas órdenes ejecutivas de Trump para tratar de restaurar el estado de derecho, no solo en Puerto Rico sino en todo Estados Unidos».

Desde el inicio de su segundo mandato el pasado 20 de enero, el presidente Trump ha tomado diversas acciones a través de órdenes ejecutivas, que implica que no pasa por la evaluación del Congreso en forma de ley.  Críticos consideran que algunas de esas órdenes violan otras leyes vigentes o derechos constitucionales de las personas.

El director legal del capítulo de Puerto Rico de ACLU indicó que, más allá de los visados cancelados, hay otras acciones de Trump que podrían afectar a Puerto Rico, y que se espera sean objeto de litigios.

«Esta demanda es parte de cerca de 20 causas de acción que se han radicado por otros temas incluyendo birthright citizenship, que apenas se ha discutido aquí y que  podría afectar a Puerto Rico", afirmó.

Arraíza Navas recordó que la ciudadanía de los puertorriqueños surge por una ley y no por la Constitución. Destacó que las "lagunas" de las órdenes ejecutivas de Trump podrían llevar a algún cuestionamiento futuro sobre la solidez de la ciudadanía que Puerto Rico recibió por estatuto desde 1917, como  ya ocurre con la ciudadanía americana de los residentes de las reservas indígenas estadounidenses.

La demanda por la cancelación de visas de estudiantes fue presentada a través de la firma Shaheen & Gordon.  «La acción legal que presentamos en el día de hoy, refleja la realidad de que enfrentan  todos los estudiantes internacionales afectados por estas cancelaciones ilegales y equivocadas de visas estudiantiles. Estos estudiantes merecen protección inmediata e incondicional contra las posibles consecuencias draconianas de las acciones injustificadas del gobierno», dijo en declaraciones escritas Ronald L. Abramson, presidente del Grupo de Derecho Migratorio de Shaheen & Gordon.

Mediante comunicado de prensa, figuras de otros estados resaltaron lo grave de esta medida contra estos estudiantes y sus visados.»Los estudiantes internacionales son una parte fundamental de la comunidad estudiantil en nuestras universidades estatales, y ninguna administración debería poder eludir la ley para despojar unilateralmente a los estudiantes de su estatus, interrumpir sus estudios y ponerlos en riesgo de deportación», dijo Gilles Bissonnette, Director Legal de la ACLU de New Hampshire.

«Las acciones de la administración Trump contra estos estudiantes son una violación flagrante del debido proceso. Formamos parte de esta demanda colectiva para proteger a estos estudiantes y a otros que han tenido que abandonar sus estudios y enfrentar una posible deportación sin ninguna razón legítima», sostuvo Steven Brown, Director Ejecutivo de la ACLU de Rhode Island.