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La Cámara de Representantes aprobó el Proyecto de la Cámara 993 para establecer la obligación de que la persona oficial de orden público, juez o jueza que preside un procedimiento judicial sobre violencia doméstica oriente a las víctimas sobre su derecho de contar con personal de apoyo durante el proceso.
De convertirse en ley, la policía estaría obligada a entregar a la víctima una hoja de orientación que establezca con precisión que recibió asesoramiento sobre el derecho que le asiste de estar acompañada por personal de apoyo.
En el caso de los jueces y juezas, tendrían que asegurarse que la víctima fue orientada sobre los derechos que le asisten. De manifestar no tener conocimiento de estos derechos, será deber y responsabilidad del juez o la jueza de informarle de los mismos, así como proveer la oportunidad de utilizar a un intercesor, intercesora, personal de apoyo o personal técnico de asistencia a víctimas y testigos, según aplique.
Según la exposición de motivos, los hallazgos en los informes sobre la Policía de Puerto Rico, señalan deficiencias en la intervención con las víctimas de violencia doméstica por parte de los oficiales del orden público y demuestran la necesidad de reforzar la normativa sobre el acceso a personas de apoyo para ayudar a la víctima, y la responsabilidad de los jueces y juezas hacia ese fin.
La medida fue presentada por la representante Wanda del Valle Correa y fue referida a la Comisión de Asuntos de la Mujer, la cual rindió un informe positivo sin enmiendas. La medida fue aprobada unánimemente.
