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La medida legislativa, que crea el marco legal para el uso adulto controlado del cannabis, recibió  durante su primer día de vistas públicas el respaldo de los deponentes que participaron ante la Comisión de lo Jurídico, presidida por el representante, Orlando Aponte Rosario.

Presentan medida para el uso controlado del cannabis

El Proyecto de la Cámara 1191, de la autoría del representante Héctor Ferrer, que descriminaliza y regula el uso adulto, también robustece los mecanismos para disminuir su alcance de los menores de edad, prohíbe el acto de fumar cannabis y su uso en lugares públicos.

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Además, la medida estabece que el producto será regulado bajo los mismos estándares de producción, calidad y venta que del cannabis medicinal.

"Primeramente, estoy muy satisfecho con el proceso donde diversas entidades han expresado su opinión. El proceso ha sido uno donde todos los sectores han tenido oportunidad de comparecer. Hoy comenzamos a dar el próximo paso hacia la dirección correcta sobre el tema del uso adulto del cannabis", indicó Ferrer

Entre los deponentes estuvo Terry Blevins, expolicía y exasesor de la Oficina de Asuntos de Narcóticos Internacionales y Aplicación de Ley adscrita al Departamento de Estado del Gobierno Federal de los Estados Unidos, y además como un orador y un miembro de la junta directiva del Law Enforcement Action Partnership (LEAP, por sus siglas en inglés).

LEAP es una organización sin fines de lucro, cuyos miembros son policías, fiscales, jueces, miembros del departamento de justicia y otros profesionales de Seguridad Publica que comparten sus experiencias de primera mano. Blevins trajo un enfoque desde el punto de vista de la seguridad pública.

"Tenemos que reconocer que hemos errado. Tenemos que reconocer que esta "guerra" no ha sido contra la marihuana y que, en realidad, se ha convertido en una guerra contra las personas y familias a las que se supone estemos protegiendo", indicó Blevins.

Por su parte los Miembros de la Industria del Cannabis (MiCann) se expresaron a favor de la medida y siguieron enmiendas de lenguaje.

El agrónomo Raúl Mari, de la Asociación Puertorriqueña de la Industria del Cannabis, también se mostró positivo con el proyecto que cambia el enfoque punitivo a uno salubrista. Este su vez, propuso enmiendas y planteamientos desde el enfoque del cultivo.

También participaron la Fundación Free Juana, el Centro Unido de Detallistas y Puerto Rico Legal Marijuana.

La próxima vista pública será el lunes, 4 de abril y se prevé la participarían otros sectores relacionado al tema.

El proyecto prohíbe el consumo de cannabis en lugares públicos por lo que solo se permitirá en hogares y lugares privados.  Otra de las regulaciones es que se permitirá la venta únicamente en dispensarios autorizados y se limitará la dispensación para uso adulto controlado a 28g de cannabis; o 8g de THC en los productos concentrados; o 800mg de THC en productos comestibles. Por otra parte, se establecen infracciones y penalidades para los dispensarios que no cumplan con la ley.

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Toda persona que posea la cantidad denominada como consumo personal de cannabis y este no sea de dispensario incurrirá en una multa administrativa de $500 y el o la agente de la policía que realice la intervención se verá en la obligación de citar al intervenido a los fines de referirlo a ASSMCA para que se ausculte la necesidad de tratamiento por adicción por el uso de sustancias controladas.

Se reconoce, además, la retroactividad de la despenalización del cannabis cuando la convicción sea por una cantidad igual o menor de una cantidad para consumo personal.