Por Daniel Rivera Vargas

Miles de empleados públicos recibirán desde el primero de diciembre un bono por la mejoría de las condiciones fiscales del gobierno, informó hoy, lunes, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

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Según se informó mediante comunicado de prensa de la Junta de Supervisión, hoy se envió a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico un presupuesto enmendado para el presente año fiscal 2023 con «el fin de asignar el superávit presupuestario para ciertos empleados gubernamentales y los pagos contingentes a los bonistas», según lo exige el Plan de Ajuste del Gobierno de Puerto Rico.

La cantidad de dinero que se distribuirá entre bonistas y empleados asciende a $475 millones, pero no se detalla del comunicado del ente fiscal cuánto le toca a los empleados. La repartición del «superávit presupuestario» está contemplado en el Plan de Ajuste de la deuda negociado por la Junta de Supervisión y por acreedores, y aprobado en enero pasado por la jueza Laura Taylor Swain.

Resultaron inconclusas las gestiones para que la Junta de Supervisión precisara de inmediato cuánto del «superávit presupuestario»  va a los bonistas y cuánto a los empleados públicos, así como cuantos empleados públicos son los beneficiados porque el dinero aplica a los obreros de «las agencias del gobierno central y de las corporaciones públicas cubiertas por el Plan Fiscal certificado».

El comunicado detalla que entre los empleados beneficiados se encuentran los que están representados por la Federación Americana de Empleados Estatales, Municipales y de Condado (AFSCME) y su filial Servidores Públicos Unidos (SPU) porque estos apoyaron el Plan de Ajuste y por ese respaldo se pactó que "si el superávit del Gobierno supera las proyecciones del Plan Fiscal Certificado en $100 millones o más en un año determinado, el 25% del superávit se asignaría a los empleados del Gobierno que cumplan con los requisitos".

Anoche, la SPU divulgó en sus redes sociales que unos 10,000 empleados se beneficiaran de esa compensación y aseguraron que la compensación de sus representados «será mucho mayor que las pagadas a otros empleados públicos».

Según se supo, SPU representa a cerca de 10,000 empleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Junta de Libertad bajo Palabra (JLBP), Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Departamento de la Familia, Instituto de Ciencias Forenses (ICF), Departamento de Transportación y Obras Públicas (), Negociado de Transporte, y la Administración de Rehabilitación vocacional, el Departamento de Asuntos del Consumidor, y un grupo de empleados de oficina del Departamento de Educación.

En el comunicado de la Junta de Supervisión, el presidente del organismo, David Skeel, dijo que el Plan de Ajuste, que redujo la deuda del gobierno en un 80%, buscaba velar por el mejor interés de los empleados públicos.

«Los empleados públicos, cuyos salarios habían sido congelados, incluso antes de que comenzara el proceso de quiebra en virtud del Título III de PROMESA, se vieron afectados en gran medida por la crisis fiscal de Puerto Rico, al igual que los bonistas. Por tal motivo, el Plan de Ajuste prometió que ambos compartieran una porción del rendimiento superior que ha experimentado Puerto Rico en su recuperación proyectada», dijo Skeel. «Hoy, la Junta de Supervisión se está asegurando de que esa promesa se cumpla», añadió.

También se informó en el comunicado de otras partidas recientes, como que en octubre de 2022, se pagó $1,400 millones del superávit del año fiscal 2022 al Fideicomiso de Reserva de Pensiones creado por el Plan de Ajuste y que los bonistas recibieron $362 millones en pagos procedentes del rendimiento superior del IVU y del Arbitrio sobre el Ron en el pasado año fiscal 2022.