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En el 2022 hubo decisiones importantísimas del Tribunal Supremo de Estados Unidos no solo para Puerto Rico sino para todas las jurisdicciones federales, analizó el profesor de la escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Alvin Padilla Babilonia.

«Las opiniones recientes del Tribunal Supremo de Estados Unidos, incluyendo decisiones sobre el derecho al aborto y el derecho a portar armas, deben provocar una reflexión colectiva sobre la relación entre el derecho y la política, y sobre quiénes deben tomar las decisiones más trascendentales en nuestra sociedad», expuso Padilla Babilonia.

Para pensar sobre estos temas, el catedrático auxiliar organizó el pasado semestre un seminario titulado Derecho y Política: Problemas Contemporáneos compartió la reflexión que emergió de algunos estudiantes que participaron en el curso sobre los importantes casos New York State Rifle & Pistol Association, Inc. v. Bruen (2022), y Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization (2022), que proveyeron un pie forzado para repensar la relación del derecho y la política, y el rol de los tribunales en la democracia.

En el caso de Bruen se trató de que, en un intento de limitar la violencia de armas de fuego, Nueva York exigía demostrar una necesidad especial de autoprotección para que una persona pudiera portar armas fuera de la casa.

Pero, el Tribunal Supremo federal decidió que esta ley violaba la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, relató el profesor.

Mientras, en cambio, en Dobbs, el Tribunal Supremo federal revocó el caso de Roe v. Wade (1973), que reconocía el derecho al aborto, poco antes de su aniversario número cincuenta.

Se trata de decisiones donde el Tribunal Supremo federal actúa de forma diferente respecto a la figura de lo legisladores estatales.

El profesor precisó que, aunque la opinión del tribunal en Dobbs habló de devolver el tema del aborto a los representantes electos por el pueblo, en Bruen el Tribunal arrebató de los legisladores estatales la facultad de regular la portación de armas en lugares públicos.

DOCUMENTO | Tribunal Supremo de EE.UU. revoca Roe v. Wade

El profesor indicó que, como resultado del seminario, los estudiantes prepararon escritos monográficos que evidenciaron la importancia de la teoría jurídica y política para atender problemas contemporáneos como la gentrificación, los incentivos contributivos, las relaciones obrero-patronales, la rehabilitación en el sistema punitivo, las regulaciones de la propiedad intelectual, las barreras de la educación jurídica, entre otros.

Por ejemplo, el profesor explicó que para la estudiante Tatiana Meléndez García luego de la decisión de Dobbs que revocó a Roe v. Wade, el derecho al aborto debe protegerse a través de la autogestión política. La autora analizó los argumentos de intimidad e igualdad que se desarrollaron para proteger el derecho al aborto, y su recepción en Estados Unidos y en Puerto Rico. Aunque Roe v. Wade fue una victoria legal, no sostuvo una movilización continua que protegiera políticamente el derecho al aborto, lo que Mark Tushnet llama una victoria política.

Por eso hoy, en lugar de priorizar a los tribunales como protectores de los derechos, Meléndez García propuso en el seminario que sean los propios ciudadanos quienes protejan el derecho al aborto a través de campañas educativas, el diálogo, la divulgación de información, y la participación ciudadana en el proceso democrático, sostuvo Padilla.

De forma similar, el estudiante Josué Cortijo Contreras advirtió sobre los riesgos de sobreestimar la victoria legal del matrimonio igualitario en Obergefell v Hodges (2015). La revocación de Roe v. Wade demostró la fragilidad del reconocimiento legal de los derechos.

En lugar de recurrir principalmente a los tribunales, Cortijo Contreras expuso que los movimientos sociales deben presionar a las fuerzas gubernamentales para lograr que a través de legislación se atiendan las necesidades de la comunidad LGBTTIQA+.

Y es que, según el análisis en la clase del estudiante, aunque en ocasiones el derecho puede visibilizar a sujetos previamente invisibilizados, en otras ocasiones también puede legitimar la violencia y exclusión contra la comunidad LGBTTIQA+, y por lo tanto su dignidad y necesidades no pueden garantizarse únicamente a través de las victorias reconocidas por los tribunales, como el matrimonio igualitario, sino a través de victorias políticas logradas por los movimientos sociales, .

Para el estudiante Alejandro Lladó Medina la expansión del derecho a portar armas en Bruen tiene consecuencias para Puerto Rico como territorio no incorporado.

Según Bruen, una regulación a portar armas solo es constitucional si es consistente con la tradición histórica de regular las armas de fuego. Esto significaría que algunas prohibiciones de la Ley de Armas de Puerto Rico, como prohibir portar armas de forma ostentosa, pudieran ser inconstitucionales.

Para remediar este choque entre el derecho individual a portar armas y el derecho colectivo a la seguridad de la sociedad, Lladó Medina propuso enmendar la Ley de Armas para establecer perímetros para prohibir portar armas en áreas sensitivas (escuelas, hospitales, centros de gobierno), y tiempos de espera entre el momento que se obtiene la licencia y se compra el arma de fuego.

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Por su parte, el estudiante Gabriel Viera Rodríguez consideró que las opiniones de Dobbs y Bruen reflejan el carácter político de las decisiones judiciales. Las luchas partidistas por las vacantes, el cabildeo de sectores de interés y la influencia de las ramas políticas en el poder judicial propulsaron cambios en el derecho al aborto y el derecho a portar armas.

Pero, este fenómeno de la politización judicial no es reciente, sino que se remonta a los orígenes de la revisión judicial, planteo el estudiante en el seminario del profesor. El Supremo federal ha sido politizada por liberales y conservadores a través de su historia. La doctrina del precedente (stare decisis) no limita que a través de nuevos nombramientos judiciales una corte pueda tomar una nueva decisión según sus visiones políticas. El caso de Dobbs demostró, por lo tanto, la maleabilidad de la doctrina del precedente y sus limitaciones para proteger la decisión de Roe v. Wade.

Para evitar que un Tribunal Supremo federal politizada incida sobre las decisiones colectivas, Viera Rodríguez propone, dijo el profesor, limitar los términos de los jueces, privar las cortes federales de jurisdicción y reformar el proceso de nominación judicial. 

Por último, la estudiante Julia Katerina Fleming Maestre dijo que el caso Dobbs también demostró la fragilidad de la doctrina del precedente y las limitaciones que tiene esta doctrina para proteger derechos como el derecho al aborto. A través de un análisis de la jurisprudencia del Tribunal Supremo federal, la autora expone las inconsistencias en la aplicación de la doctrina del precedente.

En lugar de limitar a los jueces, estos han aplicado los criterios de la doctrina según sus preferencias políticas. La maleabilidad de la doctrina dificulta que los derechos puedan ser protegidos por los tribunales a través de precedentes judiciales. Esto no solo afecta la legitimidad del derecho y de los tribunales, sino la vida de las personas afectadas por estas decisiones judiciales.

Rol de los tribunales

Para el profesor, los ensayos de los estudiantes demuestran la necesidad de repensar colectivamente el rol de los tribunales, los derechos y la doctrina del precedente luego de las decisiones más recientes de la Corte Suprema de Estados Unidos.

Cuestionado sobre Estados Unidos v. Vaello, resuelto en abril pasado, el profesor dijo que en el seminario se enfocaron en las decisiones que más cambiaron cómo pensamos el derecho y su relación con la política y «Vaello fue una decisión corta de seis páginas que solo reiteró la jurisprudencia anterior de Califano v. Torres, 435 U. S. 1 (1978) y Harris v. Rosario, 446 U. S. 651 (1980)».

«Pero diría que la decisión es consistente con los hallazgos del seminario sobre las limitaciones de lograr un cambio social a través de los tribunales si no hay voluntad política», sostuvo el catedrático.

En Vaello la mayoría de los jueces del Supremo federal valido que el Congreso trate de forma diferente a Puerto Rico en programas como el Seguro Social Complementario (SSI, por sus siglas en inglés).

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El profesor indicó que algunas de las preguntas abordadas en el seminario fueron: «¿Qué significa la expresión ‘el derecho es política’ o ‘la autonomía relativa del derecho’?» «¿Cuál es la relación entre el derecho y los movimientos sociales? ¿Cuál debe ser el rol de los abogados y los tribunales en la sociedad? ¿Qué es el liberalismo jurídico? ¿Y cuáles son sus principales alternativas en el presente? ¿El derecho protege de los abusos de una mayoría democrática o empobrece la política?».

«Partiendo de los abordajes teóricos del realismo jurídico (legal realism), estudios críticos del derecho (Critical Legal Studies), y derecho y economía política (Law and Political Economy), el seminario discutió si el derecho es autónomo frente a la política y cómo el derecho limita nuevos imaginarios sobre la democracia, la igualdad y la libertad», dijo el profesor.

Para Padilla Babilonia estos acercamientos teóricos tienen una enorme relevancia práctica para debates contemporáneos sobre el rol del Estado en la economía; las posibilidades y limitaciones de los derechos constitucionales; el lugar de la política en el derecho civil patrimonial, y la influencia del populismo punitivo en el sistema penal.