Durante vista pública de la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales que preside de forma interina la senadora, Ada García Montes, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe) mostraron reservas ante los Proyectos del Senado 32 y el Proyecto del Senado 552 que buscan definir la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) y las playas.

«Durante la vista pública realizada hoy, quedó de manifiesto la necesidad apremiante de atemperar las definiciones relacionadas con las playas, la zona marítimo terrestre, entre otras. La falta de definiciones categóricas permite, a las agencias, la interpretación de los términos, lo que constituye un problema al momento de tomar decisiones en donde la zona costera esté involucrada«, destacó la también senadora por el distrito Aguadilla- Mayagüez y autora del PS 557, García Montes.

En su turno como deponente, Samuel Acosta en representación del DRNA, manifestó que el problema fundamental no ha sido la falta de un marco legal o instrumentos de planificación para ordenar razonablemente los usos de terreno en la costa. "Tal vez, lo propicio sería la actualización de los estatutos legales vigentes para atemperarlos a la realidad actual, no necesariamente la creación de nuevas leyes y regulaciones", mencionó Acosta, quien dijo estar en desacuerdo con las definiciones provistas en ambas medidas.

La vista pública se llevó a cabo para evaluar el Proyecto del Senado 32 de la senadora independentista, María de Lourdes Santiago, para crear la Ley de la Zona Costanera de Puerto Rico; establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico en cuanto a la protección, administración y manejo sabio de los bienes de dominio público marítimo-terrestre de la zona costanera de Puerto Rico.

Igualmente, el Proyecto del Senado 557, de la senadora García Montes para crear la "Ley de Playas Públicas de Puerto Rico», definir qué constituye una playa en Puerto Rico y uniformar su carácter como bien de dominio público.

Por su parte, Héctor Morales de la Junta de Planificación planteó que "la Junta de Planificación en ningún momento está en desacuerdo con que se aclaren conceptos y términos con un andamiaje que no solamente beneficie al desarrollo económico, sino que también proteja el ambiente…el interés de la Junta de Planificación es crear un andamiaje correcto porque estamos participando activamente del comité de expertos creado bajo la Ley 33.

En iguales términos, se expresó Edmee Zeidán, en representación de la OGPe adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, quien explicó que "nosotros vamos avalar cualquier proyecto de ley que vaya dirigido a aclarar las definiciones que vayan a establecer puntualmente cuál es la zona marítimo terrestre. No obstante, y lo hemos dicho anteriormente, mientras no se defina cuáles construcciones son compatibles con ciertas zonas y distancias no podemos avalar ningún proyecto dirigido en ese sentido. Avalamos la medida en mejorar y aclarar, pero también debe estar dirigido a aclarar cuáles son las construcciones compatibles con la zona".

De otro lado, el arquitecto y planificador, Pedro Cardona Roig, presentó varias recomendaciones y consideró este tema como urgente para el país. "Este es un momento histórico, porque ver estos proyectos es cada vez más urgente. Nuestras costas son la principal defensa para combatir el cambio climático. Para garantizar la supervivencia de los puertorriqueños hay que atender esto hoy. Reconozco el mérito que tienen estas dos medidas. Ambas medidas mencionan la destrucción de las costas a través de la construcción desmedida", mencionó Cardona.

En la misma línea, el profesor de ingeniería oceanográfica Miguel Canal de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, se expresó a favor de las medidas e igualmente solicitó enmiendas para atemperar la definición de la ZMT en ambos proyectos.

Manifestó preocupación sobre dónde se limita la ZMT, según establece la pieza legislativa. Mencionó que someterá sus sugerencias por escrito a la Comisión y lo que busca es evitar litigios en los tribunales a largo plazo, y aseguró que la aprobación de las medidas le hacen un favor al DRNA.

La Asociación de Agrimensores y la organización Amigxs del M.A.R también favorecieron las medidas con sus respectivas recomendaciones.