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Municipios podrían solicitar desahucio en propiedades arrendadas por PRIDCO

01 de noviembre de 2021
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El Senado de Puerto Rico aprobó, con las enmiendas del informe y de sala, el Proyecto del Senado 398, que permitiría que la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico (PRIDCO) cancele contratos y desahucie a aquellos arrendatarios que dejen sin uso por más de un año las propiedades alquiladas.

La votación final terminó 16 a favor, 6 en contra, y un abstenido.

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Los alcaldes y alcaldesas de los municipios también podrán solicitarle a PRIDCO iniciar este proceso.

Lee el proyecto

Específicamente, la medida dispone que PRIDCO podría proceder con la cancelación del contrato y posterior desahucio de sus propiedades arrendadas a motu proprio o tras la evaluación de una solicitud realizada por el alcalde o alcaldesa del municipio donde ubica la propiedad y/o por una parte con interés en la propiedad.

Para que esto suceda, la propiedad debe estar un año o más arrendada sin que el arrendatario haya iniciado las gestiones para obtener los permisos necesarios para la operación del negocio o su construcción; con los permisos necesarios otorgados para su operación sin iniciar construcción u operaciones; con los permisos necesarios otorgados para su operación e iniciada la construcción, pero la misma lleve detenida por un año o más; o con los permisos necesarios otorgados para su operación, la construcción finalizada y no haya iniciado operaciones comerciales, cooperativistas, manufactureras o industriales.

El proyecto aclara que esas situaciones no representan una lista taxativa.

El arrendatario podrá presentar como defensa afirmativa que el atraso en la obtención de los permisos necesarios, la construcción y/o el inicio de las operaciones es por causas atribuibles al Estado o por fuerza mayor.

PRIDCO no podrá iniciar el proceso automáticamente. La agencia tendrá 30 días para evaluar la solicitud de los alcaldes, alcaldesas o cualquier parte con interés. Si PRIDCO no actúa dentro de esos 30 días, la persona solicitante podrá acudir al Tribunal de Primera Instancia a solicitar la cancelación del contrato.

La propuesta legislativa que estará hoy bajo consideración del pleno del Senado recibió enmiendas en la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor.

La medida es de autoría del senador Juan Zaragoza Gómez y la senadora Migdalia González Arroyo. Figuran como coautores la senadora Gretchen Hau y el senador Ramón Ruiz Nieves.

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