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El Senado de Puerto Rico aprobó en su sesión del pasado martes, 4 de octubre, una medida que busca conferir el derecho de tanteo y retracto a los gobiernos municipales sobre los contratos de Alianzas Público-Privadas.
La pieza legislativa busca darle un trato preferencial a los gobiernos municipales.
Según el Proyecto del Senado 271, la Ley de Alianzas Público-Privadas no les concede trato preferencial a las entidades municipales para crear estas alianzas, lo que en el pasado se ha demostrado que son efectivas, como por ejemplo en el mantenimiento de las escuelas.
Reza la medida que, como los municipios tienen la mejor posición de decidir si pueden tener una participación más notable en la economía, antes de aprobar un «contrato de alianza», la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas debe ofrecerle a la entidad municipal la opción de que sea el municipio, corporación o consorcio municipal, quien se haga cargo del servicio provisto por dicha agencia.
Así también, propone el proyecto, debe conferírsele a los municipios el derecho a retracto en aquellos casos en donde la Autoridad obvie proponer al municipio la administración de la agencia. En dicho caso, el municipio podrá solicitar la nulidad del contrato de alianza y la autoridad le conferirá la alianza a la entidad municipal.
La medida también aclara que, en vista que es la Autoridad quien tiene la obligación de ofrecer la alianza al municipio en primera instancia, si la alianza es impugnada por el municipio y cancelada la misma, será la Autoridad la responsable sobre cualquier daño ocasionado a la empresa privada.
La medida fue aprobada por el Senado con enmiendas del informe y de sala, con 14 votos a favor y 13 en contra. Fue presentada por la senadora Ada García Montes.