Por Daniel Rivera Vargas

Ya dos municipios de Puerto Rico han anunciado que se han convertido en "ciudades santuarios" para la comunidad migrante de Puerto Rico y organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) aspira a que esta cantidad aumente.

El municipio de Aguadilla anunció la aprobación de las Ordenanzas Núm. 82 y 83, Serie 2024-2025, que declara oficialmente al municipio como Ciudad Santuario, esto en momentos en que las autoridades federales, en virtud de las políticas públicas del presidente Donald Trump, arrecian sus operativos contra inmigrantes.

«Hoy nos posicionamos en el lado correcto de la historia", dijo el alcalde Julio Roldán Concepción.

Antes de Aguadilla, el otro municipio en establecer una política de esa naturaleza fue Hormigueros. Dirigidos por su alcalde Pedro García estableció una ordenanza el mes pasado, el 11 de junio, la 33, que prohíbe que se recopile información sobre estatus migratorio, prohíbe sus policías y otro personal hacer intervenciones contra personas solo por su estatus migratorio, indica que no se asistirá a autoridades federales en estos operativos, y enumera una serie de sitios que son considerados sensibles para los derechos humanos, como escuelas, iglesias y tribunales.

Tanto Aguadilla como Hormigueros son pueblos del oeste de Puerto Rico, por donde llega la mayor cantidad de la migración indocumentada dominicana a la Isla. Según un comunicado de prensa, entre enero y junio los agentes federales habían arrestado al menos 716 personas inmigrantes, la inmensa mayoría sin récord criminal. Un número indeterminado de detenidos ha sido llevado precisamente a Aguadilla, donde el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) opera un centro temporero de detención. 

En el caso de Aguadilla, la ordenanza 82 establece por un lado que limitarán su cooperación con autoridades federales en operativos de inmigración, salvo que haya "una orden judicial válida o una amenaza comprobada a la seguridad pública".

Entre los aspectos destacados de la ordenanza se encuentran:

• Prohibición a empleados municipales de colaborar con redadas o investigaciones basadas únicamente en el estatus migratorio de una persona.

• Creación de un protocolo para el manejo de solicitudes de información por parte de agencias federales.

• Compromiso con el acceso igualitario a servicios esenciales como salud, educación y seguridad.

• Capacitación permanente del personal municipal sobre derechos de los inmigrantes y aplicación de la nueva política.

• La administración municipal reafirma con esta medida su visión de una comunidad que se construye desde la equidad, la inclusión y el respeto mutuo, y se une así a decenas de jurisdicciones en los Estados Unidos que han adoptado políticas similares a favor de las comunidades inmigrantes.

La ordenanza 83 crearía el Equipo de Trabajo de Respuesta interdisciplinario que será activado cuando se identifiquen redadas o intervenciones con inmigrantes.

Entre sus funciones principales, el equipo deberá:

• Diseñar un Plan de Respuesta y Protocolo de Manejo ante redadas, en colaboración con organizaciones comunitarias y expertos legales.

• Brindar asistencia directa a personas detenidas o en riesgo, incluyendo acceso a servicios legales, sociales y programas de apoyo infantil.

• Coordinar acciones inmediatas tras redadas, incluyendo divulgación de derechos y apoyo a familias afectadas.

• Establecer canales de comunicación con otras oficinas municipales para ampliar la red de apoyo.

En declaraciones escritas, el alcalde aguadillano dijo que de esta forma su municipio reafirma su compromiso con los derechos humanos y la protección de todas las personas, independientemente de su estatus migratorio.

"Aguadilla no permitirá que el miedo ni la incertidumbre desintegren a nuestras familias ni vulneren los derechos de nuestros residentes", concluyó Roldán Concepción.

El Ayuntamiento dijo que preparó la ordenanza con la asistencia de modelos de ordenanzas diseñados por la ACLU de Puerto Rico.

Por su parte, Lolimar Escudero Rodríguez, abogada de Política y Legislación de la ACLU de Puerto Rico, agregó que el Municipio de Hormigueros evaluó estos modelos que ahora usó Aguadilla, pero también se nutrió de proyectos de ley como el P. dela C. 331 y su equivalente en el Senado. Estas medidas aguardan por acción legislativa y que pretenden que todo el gobierno de Puerto Rico adopte estrategias a favor de la comunidad migrante.

En entrevista con Microjuris, expresó que la ACLU está disponible para asistir a otros municipios que deseen tomar medidas similares a Aguadilla y Hormigueros a favor de la comunidad migrante. 

Cuando se le preguntó por San Juan puesto que es uno de los ayuntamientos con mayor comunidad dominicana, en sectores como Barrio Obrero y Río Piedras, la letrada dijo que ya hay un proyecto de ordenanza municipal legislado, pero aún no han sido aprobados.

La abogada indicó que la acción de Aguadilla es bien significativa. "Aguadilla, como sabemos es un municipio que tiene una comunidad migrante numerosa e importante. […] Este paso demuestra su convicción y compromiso con la comunidad migrante y con su pueblo. A la larga es un beneficio de todos".

Cuando se le preguntó si hay otras ciudades santuarios en Puerto Rico, dijo que no tiene conocimiento, y que en el caso de Aguadilla fue el alcalde quien se acercó inicialmente a ACLU. Añadió que están considerando contactar directamente a algunos municipios, pero no dijo cuáles.

"Esta acción es urgente y necesaria. Con la forma en que se están diligenciando estas políticas migratorias no solo protegen la dignidad y los derechos de las comunidades migrantes sino de toda la comunidad, que se siente más Segura, sin temor a ser denunciados ante estas políticas desestabilizan la Economía", afirmó Escudero. 

También la abogada exhortó a los gobiernos municipales a que no teman actuar a favor de sus vecinos migrantes por temor a perder ayudas del gobierno de Estados Unidos.

"Más allá de estos intentos de chantaje, de advertencia  de bloqueos de fondos, esos fondos se están bloqueando independientemente de la situación migratoria, que eso no sea una consideración porque eso no es real", aseveró.

«Apelamos al sentido de solidaridad que caracteriza al pueblo puertorriqueño, que no quiere ser cómplice de violaciones a la dignidad humana de nadie. Como organización no partidista, exhortamos a los alcaldes y legislaturas municipales a promulgar ordenanzas como las aprobadas por el municipio de Aguadilla. El momento histórico que vivimos requiere acciones urgentes y voluntad política fuera de líneas partidistas», dijo la licenciada Escudero Rodríguez.