En medio de un llamado de la empresa Luma a que se investiguen alegaciones de presiones indebidas sobre jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico, esta semana altas figuras del Poder Ejecutivo y Judicial defendieron la integridad de la judicatura.

"Expreso con absoluta claridad que ninguna persona, sin importar el cargo que ocupe o el poder que ejerza, puede intervenir en una determinación judicial", dijo la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz.

"La independencia judicial es uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema democrático. Supone que los jueces y las juezas resuelvan las controversias ante su consideración con imparcialidad, conforme al Derecho y a los argumentos presentados ante el Tribunal, libres de presiones, intereses políticos o influencias externas, independientemente de su procedencia", expresó Oronoz.

"Ante la gravedad de estas alegaciones, es indispensable que se investiguen a fondo y que se esclarezca, de manera transparente y creíble, si los hechos descritos ocurrieron", indicó en su comunicado de prensa la presidenta de Luma, Janisse Quiñones.

El comunicado de Luma dijo que las alegaciones son "sobre alegados intentos de influir en decisiones de jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico". La empresa afirmó que estas supuestas presiones son "preocupantes".

"Los puertorriqueños merecen conocer la verdad y tener la certeza de que ninguna persona, organización o interés político está por encima de la ley", se indicó por parte de Luma.

La empresa no reveló detalles de las presiones, pero mediante comunicado de prensa circulado por correo electrónico, el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, rechazó que la gobernadora Jenniffer González Colón se haya comunicado con integrantes del Poder Judicial para influir en el caso del gobierno contra LUMA Energy para tratar de cancelar el contrato con la operadora privada del sistema de distribución de electricidad de Puerto Rico.

"La gobernadora no se ha comunicado con ningún juez o jueza para ejercer presión o influir en ninguna decisión judicial, ya no saben ni qué inventar. Esos señalamientos son falsos y difamatorios", expresó Peña Payano.

Como parte de sus expresiones, la jueza presidenta recabó que hay una "responsabilidad individual" de los miembros de la judicatura respecto a la independencia judicial.

"La independencia judicial no es solamente una garantía institucional; es también una garantía fundamental de la ciudadanía, que tiene derecho a que sus controversias sean resueltas conforme al Derecho y no mediante criterios arbitrarios o influencias ajenas a la función judicial. Es, además, una responsabilidad individual e irrenunciable de cada persona que viste la toga", afirmó la presidenta.

Añadió la jueza presidenta que ella confía en que los jueces y las juezas que integran "nuestro Tribunal Supremo" cumplen y continuarán cumpliendo fielmente con su deber, resolviendo las controversias ante su consideración "con la imparcialidad, independencia e integridad que exige su función".

"La toga no responde a presiones ni a intereses particulares. Responde únicamente a la Constitución, a las leyes y a la obligación de impartir justicia con absoluta independencia. Esa es la responsabilidad que asumimos, la que juramos y la que nuestro pueblo tiene derecho a exigirnos", concluyó la jueza presidenta.