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La representante por acumulación del Partido Popular Democrático, Swanny Enit Vargas Laureano, presentó el Proyecto de la Cámara 409, con el propósito de mejorar el acceso de las personas con impedimentos visuales a la información de precios en los comercios.

La medida, titulada Ley para Facilitar el Acceso a la Información de las Etiquetas de Precio en los Establecimientos Comerciales, surge a petición del joven Gabriel Figueroa Quiñones y busca que los comercios adapten sus sistemas de etiquetado para garantizar su accesibilidad.

La medida fue presentada bajo el mecanismo de «Por Petición». El Reglamento de la Cámara de Representantes  dispone que las y los Representantes podrán presentar medidas legislativas a petición de cualquier persona, grupo u organización que tenga interés en el asunto. Ello se hará constar en el encabezamiento de las mismas, incluyendo al lado del nombre del Representante o de la Representante que aparezca como autor o autora, la frase "Por Petición" y mencionará el nombre de la persona o entidad que solicita la consideración.

Puedes ver el proyecto de ley aquí

Según explicó la representante Vargas Laureano, el proyecto propone que los establecimientos incorporen letras más grandes en las etiquetas de precio, formatos en Braille y equipos parlantes que anuncien los precios en voz alta, facilitando así la experiencia de compra de las personas con discapacidad visual.

«De acuerdo con un estudio reciente, en Puerto Rico hay más de 217,000 personas con problemas severos de visión. Esta medida busca garantizar su derecho a acceder a la información de precios de manera digna e independiente. Las personas con impedimentos visuales son consumidores y deben recibir un trato en condiciones de igualdad con el resto de la población. Con esta legislación, eliminamos barreras y aseguramos que todos tengan las mismas oportunidades para participar en el mercado», expresó la representante.

El proyecto establece un plan de implementación gradual: los comercios contarían con seis meses para recibir orientación sobre la nueva normativa y hasta cinco años para instalar los equipos parlantes. La supervisión del cumplimiento recaería en el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).