El liderato de la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia (FFAJ) destacó la importancia de la aprobación de la nueva Ley Núm. 54-2021, firmada por el gobernador Pedro Pierluisi, cuyo fin es allegar dinero a la entidad para el ofrecimiento de servicios legales gratuitos a poblaciones vulnerables.

Lee la Ley Núm. 54-2021

La ley dispone que el dinero que está bajo custodia del Poder Judicial en cuentas "plica" (cuentas protegidas hasta que se completa la operación que origina el pago) sea depositado por sus custodios en Cuentas de Intereses en Fideicomiso para Abogados y Abogadas (CIFAA) o Interest on Lawyers Trust Account (IOLTA), con excepción de aquellas establecidas en beneficio de menores e incapaces.

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Asimismo, ordena que los fondos generados por las sanciones impuestas por la judicatura sean transferidos en su totalidad al Fondo de Acceso a la Justicia.

El Fondo de Acceso a la Justicia, creado bajo la Ley Núm. 165-2013, se nutre, entre otras fuentes, de los intereses que generan estas cuentas para poder desarrollar iniciativas que garanticen el acceso a la justicia a diferentes poblaciones en Puerto Rico.

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"Las cuentas que antes no generaban intereses en manos de los tribunales, ahora generarán intereses en beneficio de la clase pobre del País, por medio de esta ley, que nos ayudará a continuar proveyendo asistencia legal gratuita en casos civiles. Agradecemos al liderato pluripartidista de ambas cámaras legislativas y al gobernador por su apoyo al acceso a la justicia", sentenció el licenciado José Enrique Colón Santana, presidente la FFAJ.

"Los fondos obtenidos gracias a la firma de esta ley aseguran el apoyo legal a familias que están en riesgo de desahucios, ejecuciones de hipoteca y otros procedimientos que les dejarían desprovistos de las protecciones adecuadas", destacó la licenciada Amaris Torres Rivera, directora ejecutiva de la entidad.

Actualmente, la FFAJ sufraga 29 proyectos de acceso a la justicia a través de los 78 municipios, y cuenta con cinco programas principales que ofrecen servicios legales civiles gratuitos, tales como: servicios legales de emergencia para sobrevivientes de desastres, prevención de ejecuciones de hipoteca y desahucios, desarrollo económico comunitario, asesoría en derecho civil, de familia y administrativo, y la Beca Charles Hey Maestre.

La legislación es de la autoría de los representantes Carlos "Johnny" Méndez Núñez, Rafael "Tatito" Hernández Montañez y José Bernardo Márquez Reyes.

La nueva ley enmienda la Ley Núm. 201-2003, según enmendada, conocida como Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003 y la Regla 37.7 de las Reglas de Procedimiento Civil disponiendo que los fondos generados por las sanciones impuestas por el poder judicial, sean transferidos en su totalidad al Fondo de Acceso a la Justicia.