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La primera mandataria del País, Jenniffer González Colón, estampó su firma en el Proyecto del Senado 83, que propone crear la Ley para el Manejo de Especies Introducidas, con el fin de establecer controles para manejar las especies que se intenten introducir en la jurisdicción de Puerto Rico y que representen una amenaza para la integridad de las especies nativas y endémicas.

La ahora Ley 93-2025, surgió de una medida que fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Legislativa, y que fue presentada por el presidente del cuerpo, Thomas Rivera Schatz, y contó con la coautoría de los senadores Gregorio B. Matías Rosario, Wilmer Reyes Berríos, Jeison Rosa Ramos, Rafael Santos Ortiz, y de la senadora Karen M. Román Rodríguez, y la misma también fija responsabilidades y penalidades por su incumplimiento.

Puedes acceder aquí a la Ley

Según se desprende de la exposición de motivos, en Puerto Rico diversas especies nativas están siendo amenazadas por la llegada de especies introducidas, las cuales compiten directamente por alimento, recursos y refugio. Un ejemplo de esta problemática lo representan el coquí guajón y el sapo concho de Puerto Rico (Peltrophryne lemur), este último siendo una especie en peligro de extinción y la única de su tipo endémica de la isla.

En respuesta a esta situación, la legislación establece la creación de un Comité de Asesoría Técnica, que tendrá como función principal asesorar y realizar recomendaciones relacionadas con la compilación de una lista oficial de especies introducidas, según las clasificaciones establecidas por esta ley.

Este Comité estará compuesto por:
• Un especialista en botánica y otro en vida silvestre animal provenientes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA);
• Dos especialistas en dichas disciplinas provenientes de una institución universitaria acreditada;
• Un agrónomo;
• Un representante de una organización dedicada a la observación y estudio de aves en estado silvestre;
• Un representante de organizaciones de cazadores registradas en Puerto Rico;
• Un representante de los importadores de especies introducidas.

Además, el Comité asesorará al Secretario del DRNA en la evaluación de solicitudes para introducir nuevas especies al territorio puertorriqueño.

En cuanto a las penalidades, la medida dispone que toda persona que viole alguna de las disposiciones de esta ley incurrirá en delito menos grave, y podrá ser sancionada con pena de reclusión no mayor de seis meses, una multa de hasta $5,000 dólares, o ambas penas a discreción del Tribunal.