Por Daniel Rivera Vargas

Las autoridades federales están reconsiderando las actuales restricciones a la marihuana, y esto tendrá un efecto positivo en la industria del cannabis medicinal, según el licenciado Carlos Sagardia Abreu.

A finales del mes pasado, el Departamento de Salud de Estados Unidos refirió a la Administración federal de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) una propuesta para reclasificar al cannabis de una sustancia Tipo 1 (sin uso médico actualmente aceptado y con un alto potencial de abuso) a una Tipo 3 (potencial moderado a bajo de dependencia física y psicológica).

Se trata de una iniciativa que se discutía públicamente desde 2022, directamente de voz del secretario del Departamento de Salud federal, Xavier Becerra, por instrucciones del propio presidente Joe Biden.

«Nosotros clasificamos la marihuana en el mismo nivel que la heroína, y como más seria que el fentanilo. No tiene sentido», expresó Biden en octubre.

Actualmente, el lenguaje de la DEA sobre la marihuana es severo, y la vincula con alucinaciones, taquicardia y paranoia.

«Droga psicoactiva que altera la mente… ‘adictiva’, es parte de la definición de la marihuana», reza el portal de esta agencia federal.

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Según Sagardía Abreu, con la petición del Departamento de Salud federal, la DEA iniciará ahora un proceso administrativo para evaluar el cambio. Este trámite incluye consultas públicas, pero no está claro si habría vistas públicas como puede ocurrir, para ver si adoptan la propuesta de su contraparte federal salubrista, y se clasifica la sustancia.

«Eso obviamente tiene unas implicaciones para que se pueda hacer más investigación científica y en el tema financiero de la industria», sostuvo Sagardía Abreu.

El abogado sostuvo que este cambio de política pública traerá «momentum» en el tema de las inversiones, aunque recordó que persisten restricciones aprobadas por el Congreso.

«En la medida que tú ves al gobierno federal haciendo esa movida, puede proveer que haya un cambio, que se abra el tema bancario a nivel de Estados Unidos. Eso permitirá el flujo de capital y las inversiones, y evitará que esto sea un negocio con un tipo de estigma. Además, que creo que hay unas provisiones de contribuciones federales que le permiten unos créditos a negocios que se dedican a sustancias tipo 1», explicó Sagardía.

«Es un reconocimiento dual, de política pública sobre los méritos y beneficios de la sustancia, de que no hay un riesgo de adicción gigante como la heroína, y segundo se abre una ventaja contributiva que no está disponible para los negocios de cannabis», agregó.

El letrado comentó que unos 38 estados tienen algún tipo de despenalización o medicalización del cannabis, pero muy pocos bancos, unos 100 en Estados Unidos, financian este tipo de negocios.

De hecho, en Puerto Rico no hay bancos que ofrezcan financiamiento a este mercado y solo una cooperativa acepta proveer financiamiento a estos negocios.

Es incierto cuánto tardará la DEA en su análisis, indicó Sagardía Abreu, pero «debería ser en los próximos meses. Salud se tomó 11 meses en hacer su análisis».

La decisión del gobierno federal no es una sorpresa porque muchos candidatos demócratas han estado abogando por una nueva visión respecto al cannabis, aunque aun no se puede hablar de una despenalización, explicó.

«No es el fin de la prohibición federal porque sigue estando en una lista de sustancias, pero es un paso adelante en cuanto a la descriminalización del cannabis», sostuvo el abogado.

A nivel de Puerto Rico, abundó que en la medida que en Puerto Rico aplican leyes federales el cambio se refleja en las acciones federales sobre el cannabis.

Dijo que respecto a cambios que pueda traer esta nueva política en la banca local, no quiso especular porque los bancos en Puerto Rico «son altamente conservadores».

Asimismo, cuando se le preguntó qué representaría este cambio de política pública para las personas convictas o encarceladas por delitos bajo la actual clasificación, Sagardía Abreu no descartó que haya algún planteamiento futuro en los tribunales.