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Los aumentos salariales asociados al Plan de Clasificación y Retribución del gobierno central deberán entrar en vigor el próximo 28 de febrero, informó esta semana la directora de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), Zahira Maldonado, en una vista pública en la Cámara de Representantes.

La funcionaria indicó que un total de 22,000 empleados de carrera serán reclasificados, de los cuales un 52% recibirá un ajuste salarial de manera retroactiva al 1 de enero de 2023. Este porcentaje representa un aproximado de 12,000 trabajadores públicos, explicó Maldonado.

La titular compareció a la audiencia pública junto al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco, tras ser citados por el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Domingo Torres García, para rendir cuentas sobre los retrasos en la ejecución de los ajustes salariales.

«Estamos trabajando con el personal del servicio de carrera. Entendíamos que hay que darle prioridad. Es el personal que ingresa a base del principio de mérito al servicio público a través de sus competencias, solicitar un puesto y ser evaluado, y hay mayor restricción al momento de reclutar en cuanto a la asignación de salarios», dijo Maldonado.

Tanto Maldonado como Blanco aseguraron que no prevén algún inconveniente que atrase nuevamente la implementación de los aumentos salariales. Aunque el Plan de Clasificación y Retribución comenzó el 1 de enero, los ajustes salariales no han sido implementados por problemas con el manejo de datos del trabajo administrativo y la fragmentación de la información en las agencias de gobierno.

En el actual plan fiscal certificado se contemplan $99 millones para los ajustes de salarios y $33 millones para nuevos nombramientos de empleados provenientes del Fondo General, detalló la OGP. Además, en el presupuesto certificado para el presente año fiscal se encuentra una partida de $59 millones para la implementación de la Reforma del Servicio Público, que se trabaja simultáneamente al Plan de Clasificación.

«Aquí lo que se hizo fue un trabajo para asegurar que todo empleado del gobierno de Puerto Rico tenga un salario competitivo basado en el mercado laboral existente. Sí podemos decir que, una vez completamos este ejercicio, el 100 por ciento de los empleados que pasan por este proceso van a tener un salario competitivo», afirmó Blanco.

De acuerdo con la OATRH, se implementarán 25 nuevas escalas salariales bajo el Plan de Clasificación que colocarán el pago promedio de los empleados en $10.15 por hora. Actualmente, el salario mínimo estatal es de $8.25 por hora.

Por su parte, el presidente de la Cámara, Rafael «Tatito» Hernández, utilizó su turno durante la vista pública para abogar por un ajuste salarial a los empleados públicos que actualmente están excluidos del Plan de Clasificación y Retribución. Entre ellos, los trabajadores de las agencias que no están cobijadas por la Ley 8-2017, las corporaciones públicas, las ramas legislativas y judiciales, así como el personal de rango.

Maldonado indicó que el universo de empleados de carrera en la rama ejecutiva, con excepción de las corporaciones públicas, es un aproximado de 100,000 trabajadores. Para Hernández, las asignaciones destinadas a la implementación de las nuevas escalas salariales, que suman $132 millones, son partidas suficientes para honrarle un aumento salarial a la totalidad de empleados públicos y uniformar las escalas salariales.

Hernández requirió a la OATRH un desglose detallado con la cifra exacta de empleados públicos en el gobierno central y un listado de todos los convenios bajo la estructura de la Ley 8 con cláusula de enganche.

La solicitud del presidente cameral se sumó a los requerimientos de información presentados por la comisión. El representante Torres García exigió a la OATRH que entregue a la comisión el próximo 30 de enero el estudio de mercado realizado por la agencia y copia del Plan de Clasificación y Retribución.

«Esto es un asunto de gran envergadura; un asunto sumamente importante para el país, para el gobierno y para los servidores públicos», expresó Torres García.