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Nuevas exenciones fiscales para cooperativas de trabajo asociado en Puerto Rico

02 de junio de 2025
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En votación unánime, el Senado de Puerto Rico dio paso al Proyecto del Senado 22, que propone enmiendas a la Ley 239-2004, conocida como Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 2004 a fin de ampliar las exenciones contributivas que actualmente disfrutan las cooperativas de trabajo asociado.

La medida legislativa, de la autoría del Presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, busca concederles exenciones adicionales a aquellas cooperativas que ya fueron autorizadas a operar en Puerto Rico o que estuvieron en proceso de formación en o antes del 15 de marzo de 2020. Las exenciones incluirían quedar libres de determinados impuestos establecidos bajo Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico, así como del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU).

Estas exenciones aplican a la adquisición de bienes, materiales, equipos y servicios que sean necesarios para ofrecer servicios compatibles con los fines cooperativistas. El Departamento de Hacienda queda facultado para establecer mediante reglamento u otros instrumentos normativos la implementación de esta enmienda de ley.

Descarga el Proyecto del Senado 22

Según lo expresa la exposición de motivos, la legislación responde a la necesidad de fomentar la recuperación económica ante la crisis que ha impactado tanto a nivel local como global, especialmente a raíz de la pandemia y sus consecuencias. Se señala que la alteración de cadenas de distribución, la caída en la actividad comercial y la pérdida masiva de empleos han afectado severamente a las pequeñas y medianas empresas, lo que ha reducido las oportunidades de ingresos para miles de trabajadores.

Dentro de este contexto, las cooperativas de trabajo asociado se presentan como un modelo organizacional clave para proporcionar fuentes de empleo estables y sostenibles. Estas cooperativas son entidades donde los socios trabajadores dirigen y operan la empresa de forma colectiva, buscando beneficios económicos y sociales sin ánimo de lucro. Según establece la ley, estas organizaciones promueven la propiedad social e indivisible de los medios de producción y la participación activa de sus miembros en la creación de bienes y servicios.

El proyecto de ley pasa ahora a la evaluación de la Cámara de Representantes.

 

 

 

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