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La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 375, que introduce una serie de enmiendas a la Ley Núm. 22-2000, conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, para modificar las disposiciones relacionadas con el uso de vehículos todo terreno, la renovación del marbete de motocicletas, y con la prohibición de carreras y maniobras peligrosas en las vías públicas con este tipo de vehículos.
Según expone la ley, ésta responde a una preocupación creciente sobre las actividades peligrosas que se han estado dando con vehículos todo terreno y motocicletas en las vías públicas del país, particularmente las corridas ilegales y maniobras temerarias.
De igual modo, dicha legislación, de la autoría del representante José Bernardo Hernández Concepción, se presentó como una respuesta legislativa directa a los hallazgos de la Resolución de la Cámara Núm. 85, la cual promovió una investigación sobre este fenómeno, tras varias vistas públicas en las que participaron agencias gubernamentales y representantes del sector motociclista.
Esta nueva ley dispone:
A su vez, establece que las violaciones serán consideradas delitos menos graves, sancionadas con multas de 5,000 dólares y la suspensión de la licencia de conducir por seis meses, mientras, que toda persona que ayude o incite a otra a violentar las disposiciones de esta ley, cometerá una falta administrativa y será sancionada con una multa de 3,000 dólares.
Además, los vehículos utilizados podrán ser incautados conforme a la Ley 119-2011, conocida como Ley Uniforme de Confiscaciones.