Por Daniel Rivera Vargas

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El Tribunal Supremo de Estados Unidos debatió por más de dos horas un caso en el que una persona, por oponerse a los matrimonios LGBTIQ+, quiere negarle un servicio a otras personas.

La demandante es una diseñadora de portales cibernéticos de nombre Lorie Smith, quien con su empresa 303 Creative LLC crea portales de Internet para bodas.

Sin embargo, se resiste por sus creencias religiosas a proveerle ese servicio de creación de contenido a parejas LGBTIQ+. La mujer demandó al estado de Colorado por su ley antidiscrimen porque entiende que el estatuto restringe su libertad de expresión al obligarla a ella, como artista, a expresar algo en lo que no cree.

«Esta sería la primera vez en la historia del tribunal que digamos que un negocio abierto al público puede negarse a dar servicio basado en raza, religión u orientación sexual», dijo la jueza Sonia Sotomayor.

El tema de la libertad de expresión es fundamental en la forma en que se discutió el debate en el Supremo federal, actualmente de mayoría conservadora, como lo planteó el juez Samuel Alito. «¿Pueden ser obligados a escribir votos o discursos que defienden cosas que detestan?».

El juez Brett Kavanaugh comentó que el caso tiene unos paralelismos con el del repostero que se negó a hacerle un bizcocho a una pareja del mismo sexo (Masterpiece Cakeshop v. Colorado) y en el que el Supremo falló a favor de los derechos LGBTQI +. Sin embargo, en el caso de la web designer hay una capa adicional, según la argumentación de la abogada de la demandante, Kristen K. Waggoner.

La abogada distingue esta controversia de otros ejemplos hipotéticos, como el del dueño de un restaurante.

Según Waggoner, en la confección de una comida o en el oficio de repartir productos, no hay ejercicio de libertad de expresión. Ese derecho constitucional tiene unas garantías que deben ser protegidas, como en el caso de su clienta, que en su trabajo de artista del diseño de páginas web usa su expresión.

«El mensaje de la señora Smith ha sido congelado por seis años», dijo la abogada. «Le estás requiriendo a un creador crear un mensaje. Nadie en ninguna parte del debate debería ser obligado a crear algo en contra de sus valores medulares. Eso es degradante», sostuvo.

Como estos casos hipotéticos, la vista estuvo repleta de ejemplos. Se mencionaron ejemplos desde Ashley Madison, una aplicación de citas cibernéticas, hasta el puertorriqueño Lin Manuel Miranda y su obra Hamilton, y casos como el de si un fotógrafo puede negarse a tomar unas fotos de un niño negro con Santa Claus porque interprete que esto atente contra su visión artística; o si un Santa Claus negro puede negarse a tomarse una foto con un niño con ropa del grupo racista Ku Klux Klan.

La jueza Amy Coney Barrett preguntó cuál sería la posición de la demandante Smith si le piden que haga un portal web para una pareja heterosexual, pero que se le pida que incluya un mensaje de que ambos estuvieron casados anteriormente con otras personas, pero se conocieron en el trabajo y comprendieron que debían dejar a sus parejas previas y «vivir el resto de su vida juntos».

«Yo no creo que ella la publicaría», sostuvo la abogada, porque esos hechos serían contrarios a su fe cristiana. «Así que es el mensaje», concluyó Barrett.

Posteriormente, Barrett planteó -otro ejemplo- si puede un cantante negarse a que su canción de amor se use en bodas de parejas del mismo sexo, y la abogada dijo que no.

La jueza de ascendencia puertorriqueña, y parte de la actual minoría liberal del Supremo, planteó que la argumentación de Smith abre la puerta a que alguien diga, en el ejercicio de su libertad de expresión, que no le dará servicios a discapacitados o minorías raciales.

«¿Dónde está la línea?», cuestionó Sotomayor.

La abogada de la demandante dijo que 20 estados respaldan la posición de Smith.

En representación del estado de Colorado, compareció el procurador general Eric R. Olson, quien argumentó que el pedido de la demandante era validar una ley en contra de la igual protección de las leyes y conceder una «licencia para discriminar».

«No puede negarse a atender a personas gay», dijo el funcionario del gobierno de Colorado, quien dijo que este caso es equivalente a que «una tienda navideña no puede anunciar que «no se permiten judíos»».

Se planteó que si el establecimiento ofrece un servicio general público, no pueden negarlo solamente por su creencia.

Mientras, la administración de Joe Biden, a través del procurador general adjunto Brian Fletch, se opuso a la postura de la demandante, y la diferencia del caso Rumsfeld, donde el litigio se centró en la negativa de Escuelas de Derecho a permitir ciertas actividades de reclutamientos de las Fuerzas Armadas en sus predios.

Fletch dijo que, bajo la premisa de la licenciada Waggoner, «cualquier proveedor de servicio puede poner un letrero para decir que no van a atender a alguien por determinados servicios».

En un momento dado, el juez asociado Neil Gorsuch recordó que «lo que sería impermisible es discriminar por estatus», pero parte de lo que se argumentó en la vista es que, en este caso hay tanto el tema del «estatus y de expresión».

Asimismo, el procurador adjunto describió como «frustrante» el caso porque hay diversos aspectos en los que no hay suficiente evidencia.

La complejidad del caso y sus ramificaciones no escapó a los jueces. «Como quiera que decidamos este caso, afecta a otros», dijo Barrett en un momento de la extensa vista.